Señor Director:

De acuerdo con el anuncio hecho ayer por el Presidente Donald Trump en su red social, a partir del 1 de febrero Estados Unidos aplicará un arancel adicional de 10% a los países que se oponen a su control forzoso sobre Groenlandia, el que subirá a un 25% desde el 1 de junio y se mantendrá hasta que no haya acuerdo para comprar esta isla, que categóricamente no está a la venta. Es preciso hacer notar que la unión de Groenlandia con Dinamarca, y antes con Noruega, data de hace más de mil años, y que este territorio, en ejercicio de su autogobierno, libremente eligió permanecer bajo soberanía de Dinamarca en un referéndum reciente (marzo de 2025).

Trump ha amenazado a Dinamarca —su aliado en la OTAN— desde el inicio de su segundo mandato, a fin de tomar Groenlandia “por las buenas o por las malas”. Y tal como hizo respecto de Venezuela, está alterando el argumento de su accionar. En el caso sudamericano, argumentó primero el combate al narcotráfico y luego, un supuesto robo de territorio y petróleo. En el caso europeo, arguyó primero supuestas razones de seguridad nacional (pese a que EE.UU. ya cuenta con una base en la isla), y ahora, una supuesta deuda que Europa debería pagar entregándole la isla más grande del mundo. Sostiene, además, que los países que se oponen a ello (Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, Francia y Alemania) ponen en peligro la paz mundial.

La coerción de Trump marca no solo el fin del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE, sino también el fin de facto de la OTAN. Es la expresión vívida de la Estrategia de Seguridad Nacional lanzada oficialmente por la administración Trump el mes pasado, donde Estados Unidos se revela literalmente como adversario de Europa y además contrario al libre comercio, entre otras posturas oficiales.

Es evidente la complejidad que representa para Chile, el país con la red de tratados de libre comercio más amplia del mundo, el navegar un mundo donde EE.UU. es hoy contrario a este paradigma, y además considera adversario a nuestro socio estratégico (Europa), a nuestro mayor socio comercial (China) y a nuestro mayor inversionista extranjero (Canadá).

En vista del valor que Chile asigna desde siempre al principio de inviolabilidad de fronteras y a la solución pacífica de las controversias, clave de todos los mecanismos que hemos usado con nuestros vecinos para solucionar disputas territoriales (quedando algunas aún pendientes), alinearnos con cualquier gobierno que abogue contra esa regla fundamental del derecho internacional sería un error. Tal como sería un grave error, en el momento más álgido para la región y para el mundo en ochenta años, el reducir las relaciones exteriores de nuestro país al ámbito comercial, y entregar el manejo de la política exterior a un neófito en vez de un profesional de la geopolítica o la diplomacia. El contraste con Hacienda, entregada invariablemente a doctores en economía desde hace décadas, no puede ser más elocuente.

Paz Zárate