Las ocupaciones ilegales, sobre todo si involucran a cientos de familias, como ocurre en San Antonio, son siempre complejas de enfrentar. Hacerlo requiere de una cuidada planificación y de una acción coordinada de múltiples actores. Además, es indispensable anticipar los riesgos. En este caso y atendido el carácter de la toma —con un desarrollo inicial más sofisticado de lo habitual, porque estaban delineados los caminos y la distribución de los sitios—, se hacía altamente probable encontrar una resistencia relevante, más aún considerando que no todas las familias instaladas en este desarrollo irregular podrán acceder a las soluciones acordadas por el Gobierno y que llevaron a este a expropiar una parte del terreno.

Frente al inicio del desalojo del área que no se expropiará, hubo en los primeros días una acción coordinada, con barricadas e incluso armas de fuego, que resistió la desocupación. Aparentemente, no se trataba solo de pobladores, sino que también de personas externas, algunas de las cuales habrían participado antes en otras protestas violentas. Estas acciones ilícitas se frenaron en días posteriores, pero han elevado las tensiones. Llama la atención que no haya habido una capacidad inmediata de control, toda vez que existían señales previas que indicaban que algo así podría ocurrir. Es sabido, además, que los primeros días son cruciales en el éxito de un desalojo.

Este se completaría, según las autoridades, en un plazo de tres a cuatro meses, con varios hitos que deben cumplirse satisfactoriamente. Los distintos procesos contemplados están necesariamente encadenados y por eso son claves una planificación y coordinación adecuadas. Pero, además, han emergido otros problemas. El terreno ocupado, cabe recordar, es de 215 hectáreas, pero la expropiación totaliza solo 110. El Gobierno pidió a los ocupantes de la parte no expropiada desarmar y mover sus viviendas hacia las zonas que son parte de aquellas 110 hectáreas. Sin embargo, algunos siguen resistiéndose, pues sus casos no están incluidos en el acuerdo alcanzado y otros han sido rechazados violentamente al intentar instalarse en el nuevo lugar. Ello está generando nuevas tensiones y preocupaciones en las familias, toda vez que las autoridades no parecen tener una respuesta clara.

Debe recordarse que esta toma se inició pocas semanas después del estallido, pero su crecimiento más rápido ocurrió desde fines de 2021 hasta mediados de 2024. Es difícil pensar que ese crecimiento hubiese sido igual en un entorno que hubiera condenado claramente las ocupaciones ilegales. Las autoridades locales de la época más bien las alentaron y había un discurso del nuevo gobierno nacional tolerante con estas acciones. Es evidente, después de esta experiencia, que situaciones similares no pueden volver a ocurrir. Los costos sociales terminan siendo muy elevados. La política más apropiada parece ser desalojar rápidamente y condenar con firmeza estos hechos. Al mismo tiempo, promover políticas de vivienda más efectivas que las actuales