El relato que sectores de izquierda quisieron hacer de la actuación de las fuerzas de orden frente a la violencia desatada a partir de octubre de 2019 ha estado sufriendo una importante modificación correctiva, como resultado de recientes fallos judiciales y del desmoronamiento de acusaciones que no tuvieron fundamento.

Emblemáticos de este vuelco han sido los casos del comandante Crespo, de Carabineros, acusado de privar de la vista a Gustavo Gatica; el del cabo Zamora, acusado de haber intencionadamente lanzado a la caja del río a un manifestante en Pío Nono; la acusación a un sargento de Carabineros de homicidio por la muerte de un malabarista, en Panguipulli, o la versión de que la estación Baquedano del Metro se había transformado en un centro de torturas. Todas esas acusaciones resultaron falsas o, bien, la justicia determinó que la imputación de responsabilidad penal no se sostenía.

Solo se pueden entender las airadas expresiones que, frente a estos casos, emitieron en su momento dirigentes de izquierda, como provenientes de un sesgo ideológico en contra de las fuerzas de orden, al calificar de crímenes hechos cuyos detalles apenas conocían. Eso incluye a los entonces diputados Boric y Vallejo, así como a la desaforada diputada Catalina Pérez, entre otros. Tal vez —en una interpretación benévola—, su actitud podría encontrar explicación en la incapacidad para distinguir la actuación de las fuerzas de orden en democracia, en legítimo resguardo del Estado de Derecho, de las acciones de agentes del Estado que durante el régimen militar cometieron atentados contra los derechos humanos, como si se tratara de hechos comparables. Como sea, sus acusaciones fueron expresadas con una furia moral descontrolada —“como quieren que no lo quememos todo”, afirmó la diputada Pérez luego de la muerte del malabarista—, sin que hasta ahora muchos hayan reconocido su equivocación ni se hayan excusado por aquello. Esto, aun cuando esos dichos implicaron culpabilizar a inocentes y deslegitimar a las instituciones en momentos en que la democracia estaba amenazada.

El abuso del lenguaje acusatorio contra quienes intentaban preservar el orden, y que debieron procurar dispersar a turbas que los amenazaban letalmente —al decir del fallo que liberó al comandante Crespo—, afectó el juicio de la población respecto de Carabineros. Gran parte de los dirigentes y funcionarios del INDH se sumaron a ese coro. Solo la distancia que la ciudadanía empezó a tomar respecto de la violencia octubrista, ahora reforzada por los fallos comentados, ha ido modificando ese juicio y restaurando el reconocimiento del abnegado esfuerzo que hace la policía. Sin embargo, la imprudente actitud adoptada por el Presidente Boric ante el veredicto en el caso Gatica (ver Semana Política) revela que los aprendizajes respectivos distan de haber sido asumidos por todos.