La entrega de la Casen trajo noticias importantes. Primero, y muy relevante, es la decisión oficial de poner al día la vara de medición. Ello es particularmente importante, porque si no se es lo suficientemente exigente, se invisibiliza a quienes experimentan condiciones de vida inadecuadas. El país ha conseguido logros significativos en la reducción de distintas expresiones de la pobreza a través de políticas activas, crecimiento y una expansión del gasto social. Pero la pobreza no se ha superado en Chile. Lo segundo es que, aun siendo más exigentes, la pobreza sigue retrocediendo.
La publicación de datos trajo una discusión que ya hemos tenido en ocasiones similares: el rol del crecimiento y las oportunidades de empleo, en contraposición a los apoyos del Estado, en la superación de la pobreza monetaria. En esta entrega ha llamado la atención la fuerte caída experimentada por los ingresos que autogeneran —a través del trabajo, emprendimientos y pensiones autofinanciadas— quienes pertenecen al primer decil de ingresos autónomos. Entre 2017 y 2022, en este grupo estos ingresos cayeron en promedio un 43%, y retrocedieron otro 10% al 2024. Al mismo tiempo, los recursos monetarios que reciben desde el Estado crecieron en un 60% entre 2017 y 2022, y otro 22% hacia el 2024.
¿Qué hay detrás? ¿Un mercado laboral que no incorpora a todos? ¿Un sistema de apoyos estatales que reduce el interés por trabajar? Responder estas preguntas requiere de una mirada cuidadosa al contexto en que viven las personas en riesgo de pobreza.
De acuerdo a un análisis del Observatorio Social del MDSF, al 2017 menos de un 40% de los hogares en el primer decil de ingresos autónomos tenía personas por sobre los 65 años de edad. En la medición de 2024, ese porcentaje se acercaba al 60%. Asimismo, la fracción de hogares compuesta solo por mayores de 65 se duplicó en igual plazo. En el segundo decil se notan cambios similares, aunque de menor magnitud. Nada así se observa en los deciles superiores.
Estos datos sugieren que, tras la creación de la PGU en 2022, el primer decil de ingresos autónomos cambió drásticamente su demografía. En el de hoy hay más adultos mayores, con pensiones autofinanciadas pequeñas, pero que al recibir la PGU pueden reducir el esfuerzo de generación de ingresos propios. ¿Es esto un problema? No me parece, toda vez que la PGU busca apoyar a los adultos mayores durante su jubilación casi sin distinción de su situación socioeconómica. Los datos de empleo del INE muestran un comportamiento similar, con menores tasas de participación y ocupación en este grupo que hace algunos años.
Al mismo tiempo, es importante observar la oferta de subsidios monetarios, más allá de la PGU, que ofrece el Estado a las familias en vulnerabilidad. Los montos son pequeños y, en ocasiones, dependen del cumplimiento de condiciones. Tampoco se han vuelto más generosos con el tiempo; solo los apoyos a los adultos mayores han crecido.
En lo grueso, el Subsidio Único Familiar entrega 22 mil pesos al mes a hogares sin ingresos formales, en el 60% de vulnerabilidad, por cada hijo menor de 18 años. Quienes tienen ingresos formales pueden acceder a la Asignación Familiar que entrega un monto a lo más igual, con un mínimo de 4 mil pesos mensuales. Estas familias además reciben el Aporte Familiar Permanente, equivalente a 65 mil pesos por hijo una vez al año.
Asimismo, jóvenes y mujeres que trabajan formalmente y están en el 40% de vulnerabilidad pueden recibir un complemento de a lo más 40 mil pesos al mes —20 mil en promedio—. Familias en el 30% más vulnerable pueden recibir entre 50 y 80 mil pesos, una vez al año, por cada hijo entre 5º básico y 4º medio con notas en el 30% superior de su promoción. Una vez en la vida, las parejas pueden recibir el Bono Bodas de Oro.
En suma, el conjunto de subsidios monetarios —sin contar la PGU— no son lo suficientemente generosos como para afectar el esfuerzo laboral. Una revisión de la literatura realizada por el Nobel de Economía Abhijit Banerjee y sus coautores (The World Bank Research Observer, 2017) muestra que transferencias como las que Chile entrega a grupos vulnerables no afectan su participación laboral ni las horas que trabajan. Seguramente los montos son muy pequeños como para inducir un efecto. Por lo demás, las personas no trabajan solo por un salario; también lo hacen por desarrollo personal y el valor que pueden entregar a sus familias y la sociedad.
Estos subsidios, finalmente, constituyen un apoyo a personas y familias con dificultades para insertarse por motivos que suelen ser ajenos a sus decisiones. Una mujer que vive lejos de las oportunidades laborales y que tiene deberes de cuidado no generará ingresos propios mientras su contexto de vida no se modifique —apoyo al cuidado, un mejor sistema de transporte público, una vivienda integrada—. También aportan liquidez, facilitando decisiones de empleo y cuidado.
El crecimiento y los apoyos bien diseñados son complementarios y no contrapuestos. No todos pueden aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado laboral, por más que quisieran. Es allí donde debe estar el Estado, asegurando que todos accedan a una vida digna, sin importar sus condiciones de vida.