La administración Kast todavía no asume y ya registró su primera crisis de gabinete. El Presidente electo se vio forzado a reformar su diseño a raíz de la resistencia de los partidos políticos, que no se sintieron suficientemente representados en la versión inicial del futuro elenco ministerial.

El impasse entre la voluntad del Presidente electo y las preferencias de la coalición que lo acompaña parece notorio. Es, en todo caso, reflejo de una tensión histórica: la ambición presidencial por restringir el ascendiente de los partidos (la fronda) es en Chile tan añeja como la República misma. Antes fue la fronda aristocrática; hoy, la fronda democrática. El gabinete que será presentado en los próximos días ya no será el que Kast tuvo en mente, sino el que ha debido consensuar con los partidos. Hasta ahora, sin embargo, estos tampoco obtienen todo lo que demandan, pues ayer se supo que el nuevo ministro de Defensa será Fernando Barros, abogado independiente.

El concepto original de Kast se inclinaba por la designación de algunos tri y biministros, una fuerte presencia partidista en carteras como Interior y Secretaría General de la Presidencia, un ministro por colectividad de la coalición (excepto republicanos) y un conjunto de apuestas audaces provenientes de la sociedad civil en Relaciones Exteriores, Defensa, Salud, Justicia, Vivienda y Trabajo, entre otros. Un gabinete reducido, con un núcleo partidista y una fuerte participación de independientes.

Pero no va a ser tan así. A los partidos no les gustó eso de aglutinar ministerios, pues les quitaba espacio. Tampoco les agradó la presencia de tanto novato. La molestia derribó al candidato para ministro de Defensa. Podrían caer otros, lo cual reforzaría la noción de una administración en la cual los partidos roncarán más fuerte que lo que el mandatario electo había previsto. Y, aunque hay quienes repiten que estos son necesarios, incluso imprescindibles, resulta lamentable su oposición a la idea de Kast de sacudirse, al menos en parte, de esa influencia.

Todos conocemos los riesgos de una eventual mayor presencia de los partidos en el gabinete: el cuoteo y la repartija. Si en algo se asemejan las coaliciones de izquierda y derecha que han gobernado el país en las últimas décadas es que todas ellas han usado al Estado como un botín que debe ser repartido para pagar favores, ganar cuotas de poder y asegurar puestos laborales para sus leales. Los partidos del futuro oficialismo, que reclaman con justicia contra los amarres que quiere dejar el Gobierno actual, parecen más interesados en asegurar posiciones para los suyos que en ser leales con el presidente que les reabrió las puertas de La Moneda.

Kast ha definido su gobierno como de emergencia. Lo que ingenuamente podría haberse esperado es que, dada esa situación excepcional, los partidos se cuadraran detrás del Presidente electo y, por una vez al menos, postergaran sus ambiciones para servir al bienestar general. Pero es pedir demasiado a quienes no conocen otra forma de hacer política que el interés propio y la transacción. Por eso el Estado se encuentra poblado de operadores a los que se evalúa más por su lealtad partidaria que por la calidad de su gestión. Para los partidos, el éxito se mide según cómo queden ellos parados. Por eso son impopulares. No parecen tener otra bandera que la de su estrecha causa, incluso si ello significa debilitar a un mandatario que ni siquiera ha asumido.

La última fase de este entredicho parece haberla gatillado el PNL, una colectividad que se autodefine como doctrinaria, pero que encontró inaceptable que le asignaran apenas un ministerio y dos subsecretarías. Chile Vamos también hizo ver su malestar por lo que consideraba un pedazo muy pequeño de la torta. Incluso agrupaciones legalmente extintas reciben su tajada.

Los partidos quieren más y al parecer lo obtendrán. Aquí vamos otra vez.