La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela representa un hito en la historia de ese país y la región. En principio, la “extracción” de Nicolás Maduro, en conjunto con la configuración de una estrategia para reactivar la producción de petróleo (su principal recurso natural), tienen el potencial de afectar positivamente la economía del otrora país más rico de América Latina y que lleva décadas de retroceso: si a comienzos de la década de 1980 el ingreso per cápita venezolano era 40% superior al de Chile, en la actualidad representa un 25% de nuestro PIB per cápita.

Ideológicamente, la influencia del régimen de Hugo Chávez (1999-2013) y Maduro (2013-2026) fue la base para el fortalecimiento de una izquierda radical que no había tenido éxitos políticos en América Latina. Las ideas del “Socialismo del Siglo XXI” y el antiimperialismo son pilares estructurales de dicho movimiento, en donde la planificación centralizada, los controles de precios y la intervención del Estado (expropiaciones y nacionalizaciones) constituyen los principales motores.

Tal influencia ideológica contrasta con la realidad de lo que ha significado el chavismo, graficada, por ejemplo, en el hecho de que, según la Organización Mundial de la Salud, en Venezuela, la esperanza de vida al nacer pasó de 74 años en el 2000 a 71,2 el 2021. En tanto, cerca de 8 millones de personas han emigrado del país desde 2014.

Ningún compromiso ideológico justifica negarse a reconocer tal debacle social y el consiguiente fracaso del proyecto chavista.

Percepción ciudadana y condiciones de vida

En Chile, la llegada de cientos de miles de venezolanos ha generado distintos efectos en la sociedad.

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones, el número de extranjeros nacidos en Venezuela residentes en Chile supera los 728 mil. A diciembre de 2023, representaban un 38% del total de inmigrantes en el país; en 2018 no eran más de 344 mil (26%). Este crecimiento se explica por la solidez y oportunidades que Chile ofrecía hace cerca de una década, en contraste con el deterioro de Venezuela. En términos generales, el número total de inmigrantes en el país pasó, en tanto, de 456 mil en 2015, a cerca de 2 millones en la actualidad.

Las consecuencias sociales de esta transformación han sido profundas. Ya en 2019, la Encuesta Bicentenario UC indicaba que un 48% de los encuestados consideraba que existía un “gran conflicto” entre chilenos e inmigrantes (en 2017 la cifra era de 38%). Por su parte, según la encuesta CEP de septiembre-octubre de 2023, el 69% de los consultados estaba de acuerdo con la afirmación “los inmigrantes elevan los índices de criminalidad”, un alza muy importante respecto del dato previo de 2017 (41%). En materia social, en 2024 la pobreza entre los nacidos en Chile alcanzó un 16,7%, muy inferior al 23,4% reportado para quienes nacieron fuera del país. Esto representa un giro total respecto de lo que se observaba con anterioridad a la fuerte ola migratoria de los últimos años: la pobreza entre inmigrantes alcanzó un 23,4% en 2017 y 24,3% en 2015, mientras que las cifras para los nacidos en el país eran 22,4% y 24,5%, respectivamente.

Este deterioro en los indicadores de pobreza está asociado a las dinámicas del mercado laboral. Un reciente estudio de OCEC-UDP concluye que la fuerza laboral venezolana fue de 510.740 personas en el trimestre septiembre-noviembre 2025, equivalente a un 5% de la fuerza laboral total (era 0,4% en 2017). Casi un 60% está en situación de exclusión o precariedad laboral (desempleo, subempleo o informalidad), lo que representa un desafío trascendente para un mercado del trabajo fuertemente presionado y afectado por políticas públicas que han encarecido la contratación formal.

¿Reversión de patrones migratorios?

En este contexto, y si bien existe incertidumbre respecto del desenlace del proceso que vive Venezuela, cabe evaluar el impacto agregado que podría tener una reversión en los patrones migratorios.

En primer lugar, el mismo estudio de la OCEC-UDP estima que, si cerca del 60% de la actual fuerza laboral venezolana optara por salir del país, la fuerza laboral total podría reducirse en torno a 3%. Esto representa una magnitud significativa que afectaría a sectores intensivos en mano de obra extranjera como son, por ejemplo, servicios y entregas (delivery). Naturalmente, esto desencadenaría un impacto sobre el mercado inmobiliario en los lugares donde existe una mayor concentración de venezolanos, como Santiago, Estación Central e Independencia, con repercusiones sobre los arriendos y, potencialmente, el precio de las viviendas.

Un retorno masivo también tendría impacto demográfico y educacional. Por ejemplo, de cerca de 35 mil nacidos vivos en Chile de madres extranjeras (18,9% del total), un 20% fue de mujeres venezolanas. Por lo tanto, una reversión en los patrones migratorios profundizaría la caída de la población y la natalidad, mermando también la matrícula en los colegios.

En fin, tampoco es posible descartar la existencia de efectos políticos, toda vez que, en la última elección, cerca del 30% de los 886 mil extranjeros habilitados para sufragar eran venezolanos. El impacto en determinados distritos podría ser crucial.