La discusión sobre el proyecto de reajuste del sector público da cuenta de los vicios en que ha incurrido el Gobierno en materia fiscal, que han llevado a una gestión deficiente de los recursos y a la imposibilidad de modernizar el funcionamiento del Estado. El proyecto incorpora el “amarre” de miles de trabajadores a contrata —esto es, trabajadores contratados temporalmente—, buscando elevar significativamente la vara para su desvinculación y contraviniendo la posición de Contraloría. El esfuerzo del Ejecutivo por reponer en el Senado esta iniciativa, tras ser rechazada en la Cámara, revela una visión poco moderna sobre la gestión pública y escasa sensibilidad frente a la preocupación de las personas por los malos servicios que hoy presta el Estado y por el correcto uso de los recursos.

Respecto del reajuste propiamente tal, si bien el monto no parece excesivo (aun cuando incorpora numerosos beneficios monetarios extraordinarios para los trabajadores, más allá de lo considerado históricamente), ha quedado en evidencia durante su discusión la falta de financiamiento para la propuesta presentada.

Normalmente, los gobiernos no transparentan en la discusión presupuestaria sus expectativas respecto del tamaño del reajuste público, pero el erario sí suele incluir recursos provisionados para costearlo. En este sentido, el presupuesto aprobado para 2026 constituyó una excepción, toda vez que las provisiones incorporadas fueron mínimas, como ha mostrado con claridad el Consejo Fiscal Autónomo en su reciente presentación ante el Congreso. Así, la aprobación del reajuste no solo consumirá los recursos de libre disposición del Presupuesto 2026 —limitando su uso para otros fines—, sino que además exigirá la reasignación de dineros desde otras partidas.

Todo esto parece diseñado para dificultar fuertemente la gestión del gasto en la próxima administración. Y es que los restringidos espacios que existen para reasignar gasto —y que fueron objeto de fuerte debate en la campaña presidencial— deberán en un comienzo destinarse a mayores remuneraciones del sector público.

En la práctica, el modo en que fue concebido el Presupuesto 2026 es otra ley de amarre respecto del uso de los recursos fiscales. Desafortunadamente, la oposición no se opuso con fuerza a este punto durante su discusión, en noviembre pasado. Así, estrictamente hablando, la presión fiscal de la que ha advertido el Consejo Fiscal Autónomo era conocida. Preocupante es también que ahora, frente al reajuste, y como se vio durante su votación en la Cámara, no parece haber una estrategia común entre los distintos partidos respecto de cómo enfrentarlo, en circunstancias de que sus consecuencias, de aprobarse, afectarán significativamente la gestión de la administración Kast.