Señor Director:

Los cuestionamientos del Presidente de la República, Gabriel Boric, y de su vocera, Camila Vallejo, respecto del veredicto que exculpó al excarabinero Claudio Crespo por actuar en defensa propia en un contexto de altísima violencia, generan profunda preocupación por varias razones. Develan que siguen pensando que es válido atacar a Carabineros, cuya obligación es asegurar el orden público de acuerdo con reglas que fueron cumplidas. Y es tan profunda su convicción que incluso renegaron de la Ley Naín-Retamal que ellos mismos promovieron.

Pero hay otro hecho reciente de gravedad similar. Tanto el Presidente Boric como la ministra Vallejo, desde los patios de La Moneda, atribuyeron de manera reiterada que la desaparición de Julia Chuñil respondía a ser mapuche y defensora ambiental. Acusaciones para las cuales no existía ningún antecedente, como lo han demostrado las pruebas de la fiscalía que apuntan a un parricidio. Sus declaraciones no fueron nimias. Complejizaron las investigaciones, la labor del Ministerio Público y de las policías. Además, generaron hechos de violencia por parte de grupos mapuches que creyeron en esas aseveraciones.

Algo similar ocurrió cuando siendo diputados culparon equivocadamente a un carabinero de haber matado a un joven en Panguipulli. Sus acusaciones tampoco fueron nimias. Generaron una ola de protestas que terminó con su municipalidad quemada y su iglesia fue rescatada gracias a la defensa de los vecinos.

Justificar el uso de la violencia contra Carabineros en las manifestaciones, hacer invectivas gravísimas fundamentadas solo en prejuicios ideológicos y no asumir ninguna responsabilidad de sus consecuencias, y no respetar la independencia de los distintos poderes del Estado, eran preocupantes cuando eran diputados. Pero después de cuatro años de gobierno, ocupando los cargos más altos del país, es sencillamente alarmante.

M. Fernanda Otero A.