El arresto de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos marca un hito que afecta a Venezuela y a América Latina. En Caracas, el poder formal se reacomoda: Delcy Rodríguez asume como mandataria interina, con respaldo del máximo tribunal y de la estructura militar, mientras se disputa si la situación constituye “ausencia temporal” o una vacancia que obligue a elecciones. Esa definición delimita la diferencia entre una transición institucional y una continuidad maquillada.

El dilema regional, sin embargo, se concentra en el método y sus consecuencias. En Naciones Unidas se examina la legalidad de una operación que habría implicado ataques a instalaciones militares y cortes de energía. Washington invoca autodefensa; críticos advierten que, sin autorización del Consejo de Seguridad, sin consentimiento del Estado afectado y sin un “ataque armado” que la habilite, se sienta un precedente peligroso para la soberanía, el derecho internacional y el debido proceso. Para democracias que se pretenden “de reglas”, el precedente pesa tanto como el resultado.

Lo discutible del procedimiento no borra el fondo de las acusaciones: fiscales estadounidenses sostienen que el régimen habría operado como plataforma de economías ilícitas y alianzas criminales transnacionales, con vínculos a carteles como Sinaloa y Los Zetas, a las FARC y al Tren de Aragua. La caída de un liderazgo autoritario no desmantela automáticamente ese andamiaje: Un escenario positivo podría exponer rutas, cuentas y responsables; mientras que uno negativo podría dispersar redes que se fragmentan y se reacomodan, expandiendo la violencia hacia países vecinos.

Chile lo ilustra con el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda en Santiago, atribuido al Tren de Aragua y con presunta coordinación desde el gobierno de Venezuela, mostrando cómo crimen organizado y conflicto político pueden cruzar fronteras y dejar en evidencia respuestas nacionales fragmentadas ineficientes.

A ello se suman economías extractivas ilícitas —como la minería ilegal en la Amazonía— y corredores fronterizos donde el Estado pierde control real, además de la diáspora venezolana que ya alcanza 7,7 millones desde 2014, con el consiguiente impacto en las sociedades de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Es un error moral y estratégico equiparar migración y criminalidad, pero también es ingenuo ignorar que las mafias explotan la irregularidad para reclutar, extorsionar y traficar. Medidas financieras coordinadas, como el congelamiento preventivo de activos anunciado por Suiza, pueden ser más eficaces que la retórica que se ha visto estos días.

América Latina vive una breve ventana de esperanza para el control o mitigación del crimen organizado transnacional. Así, las autoridades democráticamente electas deben convocar sin demora un encuentro multilateral de alto nivel para coordinar acciones prácticas frente al crimen transnacional y la migración irregular: cooperación judicial e inteligencia, persecución del lavado y decomiso de activos; mecanismos ágiles para congelar y recuperar bienes ilícitos; estrategia regional contra la trata y el tráfico de migrantes centrada en mafias y coyotes, con rutas seguras y controles interoperables, y políticas de integración y seguridad basadas en evidencia para proteger a las comunidades receptoras.

Este episodio será un examen para la democracia liberal: combatir el delito sin convertirse en delito, y perseguir a los culpables sin desproteger a los inocentes. Con unidad, cooperación, metas de resultado y accountability que devuelvan la paz y la seguridad a nuestras naciones.

Felipe Harboe Bascuñán