Los disturbios que se extienden por varias ciudades de Irán y que —enfrentados a una dura represión— ya habrían dejado cientos de manifestantes muertos, según organizaciones de derechos humanos, no surgieron de la nada. Como ha ocurrido otras veces durante este siglo, las protestas comenzaron por razones económicas y terminaron derivando en un cuestionamiento político directo al régimen teocrático iraní. La diferencia es que esta vez ocurren en un contexto internacional particularmente delicado, marcado por la reciente operación estadounidense que culminó con la captura del Presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Las causas inmediatas de las protestas están ligadas al deterioro económico: inflación anual cercana al 40%, una moneda profundamente devaluada y un desempleo juvenil que supera el 25%. El alza del costo de los alimentos y del combustible fue el detonante inicial. Sin embargo, como ya ocurrió en 2009, tras las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales; en 2017-2018, por la crisis social; en 2019, luego del aumento del precio de la bencina (cuando murieron más de 300 personas en pocos días), y en 2022, tras la muerte —después de ser detenida por la policía— de Mahsa Amini, el malestar rápidamente se transformó en consignas contra el gobierno y contra la República Islámica como sistema político.

Esta nueva ola de protestas estalla cuando Irán atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad estratégica desde 1979. Washington ha reaccionado con amenazas directas, advirtiendo que las muertes de manifestantes tendrán consecuencias. En todo caso, es poco realista pensar que el Presidente Trump busque capturar al líder supremo, Alí Jamenei, o al Presidente iraní, Masoud Pezeshkian. El cálculo parece otro: presionar lo suficiente para que el propio descontento interno haga el trabajo.

El antecedente es claro. El año pasado, EE.UU. bombardeó las instalaciones nucleares iraníes, marcando el choque directo más serio entre ambos países en décadas. Desde entonces, la posición regional de Teherán se ha debilitado de forma sostenida. Irán ha sufrido daños militares relevantes, perdió a Siria como aliado tras la caída del régimen de Bashar al Assad y hoy carece de la capacidad para reorganizar eficazmente a sus principales milicias aliadas, como Hezbolá en Líbano o Hamas en Gaza.

En Washington parece instalarse la idea de que ataques focalizados y limitados podrían actuar como catalizador de una revuelta interna, liderada sobre todo por mujeres y jóvenes (más del 60% de la población iraní tiene menos de 35 años), sectores cada vez más alejados del proyecto teocrático. El problema es que un eventual colapso del régimen tendría consecuencias imprevisibles: desde un proceso de transición largamente esperado hasta un peligroso vacío de poder en un país de 88 millones de habitantes.

Para Medio Oriente, la caída del régimen iraní sería un terremoto geopolítico. Debilitaría a los actores armados proiraníes, alteraría el equilibrio frente a Israel y obligaría a todas las potencias regionales a redefinir sus estrategias de seguridad. Washington parece creer que esta vez el desenlace puede ser distinto, pero la historia reciente sugiere que apostar por la implosión de un régimen siempre es un juego de alto riesgo.