Los ingresos autónomos por persona son los que ordenan a los hogares en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen). No debe extrañar, entonces, que dichos ingresos sean bajos en el primer quintil y más elevados en los siguientes. Tampoco debe sorprender que sea este grupo el que reciba los mayores subsidios monetarios. Pero esto no significa que no se deba investigar si esos aportes estatales generan algún tipo de dependencia que ayude a explicar la referida falta de ingresos autónomos. En particular, porque en Chile esos ingresos han exhibido, en el caso del primer quintil, una fuerte baja en los últimos años. En efecto, entre 2017 y 2024, su ingreso autónomo promedio cayó en un 18%, resultado, a su vez, de que los ingresos del trabajo cayeron en un 24%.

Una parte del fenómeno se explica porque el primer quintil concentra una población más envejecida: en el período bajo análisis, las personas de 65 años o más pasaron de representar aquí el 13,7% a ser el 22,6%. En el resto de la población, esta proporción subió apenas un punto porcentual, para ubicarse en el 11,7%. La creación de la PGU seguramente contribuyó a reducir la adhesión a la fuerza de trabajo de las personas mayores, pero es importante visualizar también la heterogeneidad de las transferencias estatales. Por ejemplo, el promedio de los subsidios monetarios por hogar en el primer quintil es de $178 mil 847. Ahora, si este hogar tiene al menos una persona de 65 años o más, el subsidio llega a casi 300 mil pesos; en cambio, si no hay mayores de 65 años, el aporte monetario estatal es de solo $66 mil 500. La importancia del empleo para este grupo no puede, entonces, subestimarse, pero existe —precisamente— un problema mayor en las oportunidades de ocupación de este quintil. De hecho, en el grupo de personas de 25 a 64 años, la tasa de participación en la fuerza de trabajo —de acuerdo con la Casen 2024— es de apenas un 57% en este primer quintil, mientras que en el resto de la población promedia un 85%. Es una brecha enorme. Además, el desempleo en ese primer quintil y grupo de edad alcanza un 23%, cinco puntos porcentuales por encima del observado en 2017. En el resto de la población de esa edad, es de 5,4%.

Estas cifras sugieren que hay un grupo de la población que está quedando totalmente desconectado del mercado laboral. Es una situación que requiere urgente atención, pero que, sin embargo, no está en el radar de la política pública. Y no parece sensato abordarla principalmente con subsidios que corrijan la inefectividad en la generación de ingresos propios. Entre los hombres, la principal razón para no trabajar es estar enfermo (un 40%). En el caso de las mujeres, un 31% afirma tener que cuidar niños y otro 23% menciona quehaceres del hogar; el 16% señala estar enferma. Son respuestas que requieren mayor análisis e información más precisa. También parece necesaria una revisión de los subsidios proempleo vigentes. Estos están concentrados en jóvenes y mujeres y su funcionamiento, evidentemente, ha estado por debajo de las expectativas.

Quizás el foco de esos subsidios deba ser el hogar antes que grupos demográficos específicos, de modo de fortalecer la creación de empleos en aquellos hogares donde los vínculos con el mercado laboral son persistentemente débiles. Esa conexión no es solo positiva desde el punto de vista del impacto en los ingresos autónomos, sino también por darle identidad, propósito y estructura —entre otros aspectos— a hogares que están en condiciones de pobreza significativa y que no reciben, si no incluyen personas mayores, grandes subsidios. Esas posibilidades, además, son fundamentales para que los niños y adolescentes puedan imaginar sus propias trayectorias futuras. Indudablemente, en una primera etapa, se podrán requerir políticas activas complementarias que apoyen la reinserción laboral o el desarrollo de habilidades básicas que permitan sostener los vínculos con el mercado laboral de los hogares que están muy desconectados del mundo del trabajo. Estas acciones rendirán más frutos si el crecimiento económico es mayor, pero este debe ser apoyado con medidas, como las aquí sugeridas, para lograr una integración más plena de grupos postergados.