La “sustracción” de Maduro no ha dejado a nadie indemne. Quienes creían que se trataba de colocar en el poder a la virginal María Corina se encontraron de sopetón con que la Casa Blanca la dejó de lado en favor de la implacable Delcy. Quienes aún guardan simpatías por el chavismo no consiguen explicarse cómo los compañeros de ruta del presidente depuesto se vuelven marionetas de Trump. Quienes saltaron escandalizados en defensa de la soberanía nacional y de las reglas del derecho internacional se han encontrado, de improviso, al lado de Putin y Le Pen. Y quienes con fervor sobreactuado justificaron la ruptura de los principios de no intervención invocando la defensa de la democracia y los derechos humanos quedaron de una pieza cuando el propio Trump señaló que se trataba simplemente de petróleo, y que cualquier otra cosa no estaba, por ahora, en su agenda.

Todo indica, así, que apelar a principios universales para juzgar lo ocurrido en Venezuela está condenado a la impotencia. No hay tramas ocultas ni retóricas sofisticadas que descifrar: estamos ante el ejercicio directo, casi exhibicionista, del poder militar al servicio de intereses concretos.

Slavoj Žižek ha señalado que se busca reponer una relación colonial de control sobre los recursos naturales; la misma que el propio Trump explicitó ante Zelenski en la Casa Blanca, cuando condicionó la ayuda de Estados Unidos frente a la invasión rusa a la cesión de derechos sobre las reservas de Ucrania. Sebastián Edwards trae el episodio aún más cerca: dice que, mirado desde América Latina, la intervención contra Maduro aplica la misma lógica que Washington empleó contra Salvador Allende. En ambos casos, sostiene, el detonante fue el control de recursos estratégicos —el cobre en Chile, el petróleo en Venezuela— y la defensa de los derechos de propiedad de empresas estadounidenses.

Resulta iluminador, en este contexto, escuchar a Elliott Abrams, quien fuera uno de los principales arquitectos de la política estadounidense hacia América Latina durante las administraciones de Reagan, Bush y Trump I. A su juicio, lo que motiva la intervención en Venezuela va mucho más allá del petróleo: es, ante todo, un problema de seguridad nacional. Para Trump y los republicanos en general, Venezuela dejó de ser un caso de autoritarismo doméstico para convertirse en un foco de riesgo estratégico, que incluye la posibilidad de utilizar su territorio como plataforma para amenazar directamente a Estados Unidos. Washington simplemente no puede tolerar en su vecindad a un Estado capturado por una élite calificada como “criminal” por sus vínculos con el narcotráfico, y que ha permitido la presencia de adversarios como Cuba, Irán, Hezbolá, Rusia y China.

Siguiendo esta lógica, sostiene Abrams, no hay que dejarse llevar por impulsos moralistas ni por un afán democratizador abstracto. Mejor —argumenta— aplicar la fórmula que funcionó en Chile para sacar a Pinochet: apostar por los mecanismos del propio régimen, reducir los riesgos de desestabilización y facilitar una negociación explícita con los militares. Esa negociación incluyó garantías y continuidades —como la permanencia temporal del propio dictador al mando del Ejército y luego en un escaño asegurado en el Senado— a cambio de aceptar la salida política. A ello se sumó el respaldo a una oposición civil amplia y disciplinada, que incluyó incluso a sectores socialistas que habían sido partidarios de Allende.

En esa clave, el desaire deliberado de la Casa Blanca hacia María Corina y su respaldo a un “madurismo sin Maduro” se justificarían por la misma estrategia que permitió una transición controlada en Chile. En otras palabras —nos dice Abrams—, así como los demócratas chilenos tuvieron que soportar a Pinochet, los demócratas venezolanos deberán aprender a convivir con Delcy Rodríguez y su grupo. En suma, para entender la conducta de Estados Unidos en Venezuela no hace falta ir muy lejos ni llenarse la cabeza de teorías conspirativas. Basta con recordar a Chile. Y a Pinochet.