La idea tiene historia en Washington. En 1946, el gobierno de Harry S. Truman exploró formalmente la posibilidad de comprar la isla, convencido de que su ubicación era clave para la defensa del Atlántico Norte frente a la Unión Soviética. Dinamarca dijo no, y el asunto quedó archivado.

Décadas después, Trump lo rescató. En agosto de 2019, en su primer mandato, confirmó que la Casa Blanca evaluaba adquirir Groenlandia, lo que provocó una crisis diplomática con Copenhague y la cancelación de una visita oficial tras el rechazo de la primera ministra Mette Frederiksen. Hoy, el libreto se repite, aunque en un contexto mucho más tenso.

Groenlandia importa por razones concretas. Con apenas 57 mil habitantes, domina rutas aéreas y marítimas del Ártico y alberga la base estadounidense de Pituffik (ex-Thule), pieza clave del sistema de alerta temprana de misiles. A eso se suma el retroceso del hielo, que abre el acceso a tierras raras, minerales estratégicos y posibles reservas de hidrocarburos, en una región donde China y Rusia ya compiten por influencia.

El estilo Trump es conocido: lanza declaraciones extremas —como “no descarto ninguna opción”— para tensar al máximo, marcar la agenda y luego negociar desde una posición de fuerza. La señal de que el tema entra ahora en fase diplomática es clara. Esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, para abordar el tema. ¿Será este encuentro el punto final de esta crisis bilateral? Probablemente, no.

Incierto futuro de Venezuela

Forzar a un aliado de la OTAN a ceder soberanía territorial no es una provocación retórica ni una exageración negociadora: es un quiebre directo del principio que sostiene a la Alianza Atlántica desde su creación (1949). Esto, porque la OTAN se construyó sobre una premisa básica: las fronteras de sus miembros son inviolables y su defensa es colectiva.

Dinamarca no solo es miembro fundador de la alianza, sino también de la Unión Europea, lo que convierte cualquier presión sobre su soberanía en un asunto transatlántico mayor. Desde Bruselas, la reacción ha sido inmediata. Y gobiernos como los de Alemania y Francia han respaldado explícitamente a Copenhague, conscientes de que sentar un precedente así sería abrir una caja de Pandora.

Todo esto ocurre, además, en un momento particularmente delicado para Europa. La búsqueda de una salida negociada a la guerra en Ucrania, iniciada por la invasión rusa de 2022, vuelve a estar entrampada. Las conversaciones chocan una y otra vez con los mismos obstáculos: control territorial, garantías de seguridad y el futuro político de Kiev. En ese contexto, la estabilidad del vínculo con EE.UU. es un activo estratégico para los europeos.

La pregunta empieza a formularse en voz alta en varias capitales: ¿puede Europa verse presionada por Rusia desde el este y, al mismo tiempo, sentirse amenazada por su principal aliado desde el oeste? Si esa percepción se instala, el daño será profundo y duradero.

El único beneficiado de un quiebre transatlántico sería Moscú, pues su objetivo histórico ha sido siempre erosionar la cohesión occidental. Una OTAN desconfiada, donde los aliados temen más al socio dominante que al adversario externo, es una alianza debilitada. Y eso, en el actual escenario internacional, es un lujo que Europa —y también Estados Unidos— no pueden permitirse.

La relación transatlántica en peligro

Trump busca demostrar que tiene el control real del gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez. A días de la operación relámpago en Caracas, el mensaje desde Washington ha sido claro en lo económico pero mucho más ambiguo en lo político.

La Casa Blanca ha anunciado que compañías estadounidenses asumirán un rol central en la industria petrolera venezolana, que en 2025 produjo unos 800 mil barriles diarios. El objetivo es estratégico: controlar la comercialización de ese crudo para cortar o condicionar el suministro a aliados del chavismo como Cuba, Irán y China, que durante años se beneficiaron del petróleo venezolano mediante esquemas opacos de pago, trueque o descuentos.

En el plano político, en cambio, el avance es lento. La idea de una transición rápida hacia un gobierno democrático sigue viéndose lejana. Hasta ahora, el principal gesto ha sido la liberación de un puñado de presos políticos, insuficiente para hablar de un cambio estructural. No hay calendario electoral ni señales concretas sobre el retorno de contrapesos institucionales.

En parte, era esperable. Trump ha demostrado que su prioridad no es la promoción de la democracia, sino el control de activos estratégicos. Asegurar el acceso al petróleo venezolano (las mayores reservas probadas del mundo, con más de 300 mil millones de barriles) parece más urgente que impulsar libertades políticas.

Venezuela entra así en una fase incierta: con Maduro fuera de escena, pero sin hoja de ruta clara hacia la democracia. El contraste entre la rapidez económica y la lentitud política anticipa un camino largo, complejo y delicado hacia la libertad.