En abril del año pasado, luego de la muerte de dos personas en incidentes ocurridos en las inmediaciones del Estadio Monumental con ocasión de un partido por la Copa Libertadores, el ministro de Seguridad declaró que el programa “Estadio Seguro” se cerraba, pues había “fracasado”. Anunció, además, la incorporación a la Subsecretaría de Seguridad del equipo a cargo del programa. Sin embargo, la unidad que debiera asumir dicha responsabilidad aún se encuentra sin jefatura titular y recién se acaban de cerrar las postulaciones del concurso para su nombramiento, después de haberse declarado desierto un primer proceso.

Preocupa la incapacidad del Estado para poner freno eficaz a las acciones violentas que afectan diversos ámbitos de la vida cotidiana, como la asistencia a eventos deportivos, una de las actividades preferidas de muchas familias y que hoy se ve restringida por el temor de ver vulnerada la propia integridad.

Si bien hay excepciones, los estadios siguen siendo escenarios de violencia sin que se vea efectividad en medidas destinadas a aislar a quienes la protagonizan. Terminar con la inseguridad en recintos deportivos requiere más que un discurso retórico de denuncia, y sí procedimientos concretos de control, prevención y sanción.

El problema de la violencia en los estadios no es una realidad exclusiva de Chile. La evidencia internacional demuestra que, con decisión, gestión y voluntad política, es posible erradicarla o al menos controlarla, como se puede observar en aquellos países en que, como el nuestro, el fútbol es un deporte de gran masividad. No cabe desconocer las dinámicas particulares que ha tomado acá el fenómeno de las barras bravas, cada vez más vinculado a expresiones del crimen organizado y el control territorial, lo que complejiza abordarlo. Pero, aun así, las opciones tecnológicas disponibles para controlar el ingreso a los recintos de personas con antecedentes de comportamiento delictual debieran ayudar a la aplicabilidad de medidas de selección del público. En paralelo, la inteligencia policial tiene un papel clave en abordar otras dimensiones del problema, como las asociadas a las referidas barras bravas y su funcionamiento. Todo, sin olvidar la responsabilidad de los clubes, cuyas dirigencias acumulan, en demasiados casos, una inmensa deuda en estas materias. Impulsar una estrategia eficaz que se haga cargo de todas estas dimensiones es la tarea de la autoridad.

Siendo la seguridad la principal preocupación de la ciudadanía, se espera del Gobierno que asumirá en marzo un diseño de políticas públicas en ese ámbito que implique un cambio significativo en la calidad de vida de las personas, desde sus traslados diarios hasta la posibilidad de recuperar y disfrutar el espacio público. Volver a asistir en familia y sin temor a un espectáculo deportivo es parte de ello.