Que Estados Unidos removiera finalmente a Nicolás Maduro del poder no fue una sorpresa; tampoco lo fue que lo hiciera mediante una operación de precisión desplegando sus excepcionales capacidades militares. Sin embargo, lo que ha seguido a la captura del dictador está cargado de giros inesperados que merecen nuestra atención.

La marginación de María Corina Machado ha sido tan brutal como imprevisible. A pesar de que Edmundo González —el candidato que ella impulsó tras su inhabilitación— obtuvo una victoria en la elección presidencial de julio de 2024, que observadores imparciales calificaron de contundente, la Administración Trump ha dejado claro que no contempla un rol relevante para él ni para ella.

Resulta igualmente inesperado que Washington haya optado por reemplazar a Maduro con su propia vicepresidenta, Delcy Rodríguez, prácticamente sin alterarla estructura del régimen. Hoy, los venezolanos ni siquiera pueden salir a las calles a celebrar la caída del dictador y los “colectivos”, a través de los cuales el régimen venezolano ejerce el control político, siguen intactos.

Si bien los objetivos de la intervención estadounidense no son del todo sorprendentes, la franqueza con la que se han expuesto es inédita. Stephen Miller, asesor clave e ideólogo de la Casa Blanca, lo resumió en CNN esta semana:

“Estados Unidos está utilizando su poder militar para asegurar nuestros intereses en este hemisferio sin pedir disculpas. Somos una superpotencia y, bajo el Presidente Trump, vamos a conducirnos como tal. Es absurdo permitir que una nación en nuestro propio patio trasero se convierta en proveedor de recursos para nuestros adversarios y no para nosotros”.

El mensaje es nítido: el objetivo es el petróleo. Pero no solo para beneficiar a los Estados Unidos, sino también, para detener el usufructo chino del “oro negro” venezolano (más del 80% de las exportaciones de petróleo venezolano van a China). Restablecer la democracia, al menos en el corto o mediano plazo, no es una prioridad en la hoja de ruta de la superpotencia.

El desafío de desmontar el régimen venezolano es titánico. En las últimas dos décadas, la cúpula militar de Venezuela mutó de forma perversa, aumentaron sus generales de 500 a más de 2000 y pasaron a depender de ingresos ilícitos para mantener su cohesión. No se trata de un cartel jerárquico, como el de Medellín o Sinaloa, sino, como lo demuestran las investigaciones de la justicia de varios países, de una red de militares corruptos que reciben ingresos provenientes de las ventas del petróleo y, más recientemente, del narcotráfico.

Al abandonar la idea de derrocar al régimen partidista-militar, la Casa Blanca ha evitado el despliegue de tropas en Caracas,y ha optadopor exigir la “colaboración” de las nuevas autoridades en la administración de la industria del petróleo, bajo amenaza de correr la misma suerte que Maduro. ¿Tendrá éxito esta estrategia? El principal obstáculo es cómo atraer la inversión privada en el sector de hidrocarburos. Para recuperar los niveles históricos de producción (que han caído de casi 4 millones de barriles diarios en 1998 a menos de un millón en años recientes), la industria necesita una inyección estimada entre 80.000 y 150.000 millones de dólares.

Las empresas petroleras han exigido “garantías serias” del gobierno de Estados Unidos para volver a invertir en Venezuela, pero la incertidumbre política es enorme. ¿Qué ocurriría si los demócratas recuperan el control del Congreso en noviembre?¿O si Delcy Rodríguez enfrenta una purga interna que ponga en riesgo sus garantías? Para la nueva Presidenta, el equilibrio es casi imposible: debe mantener el control interno de un régimen criminalizado y, simultáneamente, abandonar la retórica antimperialista y satisfacer las exigencias de Washington.

Es cierto que se puede materializar una recuperación inicial levantando el embargo y mejorando la gestión. Sin embargo, la inversión masiva solo regresará cuando las reglas del juego estén claras, algo difícil de obtener sin un Estado de derecho avalado por un gobierno democrático.

Lo sucedido esta semana en Venezuela también tiene repercusiones para Chile. Primero, el retorno masivo y voluntario de venezolanos, al que aspira el gobierno entrante, sigue siendo un desafío mayor. Las estructuras de control del régimen de Maduro —incluyendo los colectivos— se han mantenido y, en consecuencia, los incentivos para regresar no han cambiado mayormente.

Segundo, la sustitución del derecho internacional por una “doctrina Monroe del siglo XXI” tampoco es una buena noticia para Chile. En medio de la pugna por la hegemonía global, las recientes declaraciones de autoridades estadounidenses sobre quién debe beneficiarse de los minerales que hay en su “patio trasero” complican nuestro ya delicado equilibrio diplomático entre Washington y Beijing.

China, nuestro principal socio comercial, no ha dudado en castigar a diversos países por razones políticas, como lo hizo con Australia al bloquear sus exportaciones de vino. Nuestros exportadores, como los de cerezas, deberían leer estas señales con cautela: si los reguladores chilenos toman medidas consideradas adversas por Beijing respecto de sus inversiones en energía y carreteras, el comercio exterior podría ser el primer rehén. A esto se suma la nueva doctrina de Washington, que podría obligarnos a rebalancear drásticamente nuestros socios comerciales y nuestra inversión extranjera. En el escenario optimista, seremos capaces de utilizar nuestro cobre y litio para navegar entre las dos superpotencias. En el escenario más probable, nos veremos en la encrucijada de tener que decidir con cuál superpotencia alinearnos política y económicamente. Y en el escenario pesimista, cuya probabilidad creció luego de los eventos de esta semana, la decisión anterior nos será impuesta, como a Venezuela.