La inmigración irregular continúa siendo abordada con insuficiencia e ineficacia, cuando Chile merece rigurosidad y sensatez en el debate para enfrentar uno de los problemas que hoy afectan su soberanía, el bienestar de su población y la prosperidad de la nación. El Plan Escudo Fronterizo (PEF) surge de la constatación de una falta de planificación estratégica a nivel político y de una débil gestión fronteriza. Se trata de una propuesta distinta, que no desconoce lo existente, sino que lo complementa con una mirada de mediano y largo plazo, integrando tecnificación con otras medidas estructurales. Desde esa convicción corresponde responder a las críticas formuladas por la exministra del Interior Carolina Tohá, en este medio.

En primer lugar, el PEF no se limita a la tecnificación, y se sustenta en una solución sistémica, con un esquema de vigilancia. Reducirlo a ello implica una simplificación de un problema complejo. El plan se estructura sobre tres ejes: trabajos de contramovilidad mediante obras físicas (zanjas y cercos) combinadas con tecnología; integración interagencial de capacidades militares, policiales y civiles; y medidas legislativas que entreguen un marco habilitador al control fronterizo. Si bien se reconocen avances tecnológicos, estos han sido implementados sin una arquitectura integrada ni interoperable, como ocurre con SIFRON y Muralla Digital.

En segundo lugar, el PEF está concebido para ejecutarse durante los cuatro años de la próxima administración. A diferencia de lo implementado mediante decreto supremo por el actual gobierno, propone un nuevo decreto con una planificación que lo operacionaliza en misiones, responsabilidades y criterios de control. La ausencia de un plan estratégico ha sido una debilidad de la política migratoria reciente.

En tercer lugar, es incorrecto sostener que exista una planificación centralizada bajo el mando del Estado Mayor Conjunto. Ningún decreto, incluido el 78, establece dicho mando. El Estado Mayor Conjunto ejerce solo funciones de coordinación y apoyo, no de mando operativo. El PEF busca precisamente corregir esto, dotando al sistema de coherencia estratégica, respaldo político y mayor eficiencia. Con todo, el despliegue del Ejército ha tenido un efecto relevante en la contención de cruces irregulares, antecedente que no puede ser ignorado.

Respecto de la dotación policial, la limitación de personal afecta tanto a Carabineros como al Ejército. Considerando esto, la decisión de potenciar la policía y no crear otra entidad militar se fundamenta en dos criterios: Carabineros forma desde 1996 personal especializado en fronteras, cumpliendo así su rol constitucional; y el fortalecimiento de las dotaciones policiales fronterizas no implica debilitar otras funciones. El recurso humano adicional requerido es acotado y se ve compensado por una inversión robusta en tecnificación.

Desde esta perspectiva, los avances impulsados por la actual administración, aun cuando representan un aporte en tecnificación, no constituyen por sí solos una respuesta suficiente ni integral al desafío fronterizo. La evidencia demuestra que una vigilancia eficaz requiere un enfoque sistémico, plenamente interagencial y con responsabilidades precisas de la gestión, capaz de asegurar integración, interoperabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Ese es el estándar que Chile debe aspirar a consolidar.

Cristián Vial
Senador electo