Altas eran las expectativas respecto de la Encuesta Casen 2024. La peculiar postergación de su entrega en casi cinco meses —el calendario oficial indicaba agosto pasado— recibió numerosas críticas desde el mundo técnico. Ahora, finalmente, los resultados son conocidos y merecen un análisis profundo.

Un primer punto a recordar es que los indicadores de pobreza y desigualdad dependen críticamente del tipo de ingresos considerado: del trabajo, autónomos (toda fuente de recursos, excluyendo transferencias del Estado) y monetarios (incluidos subsidios). Esta vez, la distinción es particularmente importante.

Al analizar los indicadores de desigualdad utilizando los ingresos monetarios de los hogares, se observan reducciones en los distintos índices, si bien, en general, no estadísticamente significativas. Con todo, en el caso del coeficiente Gini, alcanzó el 0,464, el menor valor en la serie publicada (comienza el 2009). En este caso, además, la caída respecto de la última medición prepandemia, en 2017 (0,484), sí es significativa (al 95%). Se trata de un resultado positivo, que debe valorarse.

La situación es menos optimista al estudiar lo que ocurre con los ingresos autónomos y del trabajo. Focalizándose en estos últimos, el Gini para 2024 es 0,488, muy similar a los niveles prepandemia (0,496 el 2017 y 0,491 el 2015). En el caso de otros indicadores, la conclusión es distinta. Por ejemplo, en el índice 10/10, que da cuenta de la relación entre los ingresos recibidos por el 10% de hogares de mayores ingresos versus los del 10% de menores ingresos, se observa un importante aumento. Así, mientras el último dato reportado de este indicador es de 50,3, el valor reportado en 2022 era 42,7, y en el 2017, era 25,5. Todos estos cambios son estadísticamente significativos. Aumentos también se observan en el indicador 20/20 y 10/40. En líneas generales, este patrón se repite con los ingresos del trabajo.

En una perspectiva histórica, las disímiles trayectorias de los indicadores en función del tipo de ingreso considerado representan una anomalía. Y la explicación central es la amplitud y magnitud que están alcanzando los subsidios del Estado: baste considerar que el 38% del aumento de los ingresos mensuales de los hogares entre 2017 y 2024 se explica por transferencias desde el Estado. La contribución de los ingresos del trabajo alcanzó solo al 47%.

Cambio metodológico y resultados de pobreza

Una de las innovaciones de la Casen 2024 es una nueva metodología para la medición de la pobreza por ingresos. En esta se revisa la estructura de consumo de la población, se ajustan los componentes nutricionales de la canasta básica, se diferencian las líneas de pobreza para arrendatarios y no arrendatarios, y no se considera el alquiler imputado como parte de los ingresos para efectos de los cálculos. Su aplicación arroja una reducción en la incidencia de pobreza y extrema pobreza.

Específicamente, la tasa de pobreza de ingresos a nivel nacional alcanza el 17,3%, la menor cifra histórica reportada con la nueva metodología. A modo de comparación, el indicador alcanzó el 20,5% el 2022; 28,3% el 2020 (pandemia), y 22,5% el 2017. En cuanto a la pobreza extrema, la Casen 2024 arroja un 6,9%, también la menor cifra histórica.

El análisis por grupos es ilustrativo. La pobreza rural (23,2%) es superior a la urbana (16,5%) y la Región de La Araucanía continúa siendo la de mayor pobreza en el país (28,6%). Por otra parte, la pobreza es superior entre mujeres (18,6%) que entre hombres (16%) y entre quienes pertenecen a los pueblos indígenas (24%) versus quienes no (16,5%).

Los resultados según lugar de nacimiento son especialmente reveladores: en 2024, la pobreza entre los nacidos en Chile alcanzó un 16,7%, en comparación con el 23,4% reportado para quienes nacieron fuera del país. La diferencia es estadísticamente significativa, al igual que en 2022 y 2020. Esta no era la situación con anterioridad a la fuerte ola migratoria de los últimos años: la pobreza entre los inmigrantes era de 23,4% el 2017 y 24,3% el 2015, mientras que las cifras para los nacidos en el país eran 22,4% y 24,5%, respectivamente.

La interpretación de los resultados

El autocelebratorio análisis que realiza el Gobierno de los resultados era esperable. Sin logros económicos y con un marcado deterioro en las cuentas fiscales, la caída en la pobreza y, con matices, los resultados en desigualdad dan un respiro.

Sin embargo, debe considerarse que parte significativa de las mejorías están asociadas al fuerte crecimiento en los subsidios monetarios del Estado (desde 2017, el promedio por hogar de esta fuente de recursos ha aumentado más de un 100%).

Lo anterior tiene implicancias en al menos dos ámbitos. Primero, la existencia de subsidios puede distorsionar los incentivos al empleo en parte de la población (no solo entre quienes reciben una transferencia, sino entre todos los miembros del hogar). El deterioro del mercado laboral puede hallar aquí una causa. Y, segundo, la generosidad de estos subsidios está inversamente relacionada con la salud de las cuentas fiscales. Así, es necesario sopesar su efecto con la inestabilidad que genera un déficit estructural permanente y los consiguientes riesgos para la sustentabilidad de esos mismos beneficios. Este será parte del desafío de la siguiente administración.