Una verdadera demostración de su poderío dieron las organizaciones criminales que, actuando desde la cárcel, lograron estafar a varias personas por un total cercano a los mil millones de pesos. Si quedaba alguna duda de la importancia del poder de coordinación de los presos encarcelados, estas últimas acciones deben haberlas eliminado. El Estado de Chile no logra controlar las cárceles y desde ahí se organizan y llevan a cabo las más sofisticadas estafas, todas las cuales requieren de la existencia de teléfonos celulares en el interior de los recintos.

El sistema recién descubierto y dado a conocer por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente comenzaba consiguiendo la información bancaria de las futuras víctimas. Al parecer, estas eran seleccionadas por la disponibilidad de grandes sumas en sus cuentas y contactadas haciéndose pasar por ejecutivos bancarios en posesión de todos sus datos, los que afirmaban estar asesorados por agentes de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, y personal de la Policía de Investigaciones, PDI. En esa primera llamada les hacían saber, falsamente, que sus ahorros corrían peligro, pues habían descubierto una banda internacional que posiblemente tenía contactos con el ejecutivo a cargo de sus cuentas o con familiares de la víctima, aconsejándoles evitar contacto con ellos. Luego les decían que la mejor manera de eliminar todo riesgo sería que acudieran al banco y retiraran su dinero. Hasta ahí, la historia les podría parecer verosímil a muchos, pero luego enviaban a una persona que, según le decían a la víctima, era representante de la CMF o un agente de la PDI, y le pedían que le entregara a él todo el dinero retirado. Por increíble que parezca, estaba todo tan bien simulado, que los afectados lo hacían voluntariamente. Luego se les avisaba que el peligro había pasado y que fueran a recuperar su patrimonio a una dirección inexistente.

El complejo caso, que afectó a una conocida actriz, ha llamado la atención no solo por la intrincada operación, sino porque al parecer cada paso se resolvía por tres presos de la cárcel de La Serena. Mediante teléfonos celulares, comandaban a los secuaces que en el exterior hacían las tareas presenciales.

Se han hecho profusos anuncios sobre la instalación de inhibidores de señales en los penales, pero el resultado ha sido decepcionante. Frente a las críticas por ello, el ministro de Seguridad Pública planteó la insólita tesis de que en algunos casos es mejor escuchar las conversaciones de los presos para conocer sus planes, aunque es evidente que sin celulares no podrían concretar ninguno. De hecho, nadie escuchó ni la planificación ni las comunicaciones mediante las cuales se ejecutó esta estafa desde la cárcel misma.

Los últimos descubrimientos de corrupción en Gendarmería permiten especular si el negocio de gendarmes con la introducción y venta de celulares no estará jugando un papel en la mala implementación de las medidas antidelincuencia más básicas. Existen gremios en la institución que con expedición participan de cualquier debate que se relacione con sus salarios o sus condiciones, pero casi enmudecen ante cada una de estas sospechas de participación de algunos funcionarios que solo perpetúan las conductas delictuales de los reos.