El Presidente electo ha visitado distintos países de la región como muestra de buena voluntad y para coordinar acciones cuando asuma. Pero, aunque los temas migratorios han copado la atención, es relevante también la cooperación económica. En este sentido, un área necesaria de explorar es la de crear condiciones para la colaboración en el desarrollo de proyectos. De estos, probablemente los más interesantes sean aquellos relacionados con la minería en Argentina, sector que el gobierno de ese país busca impulsar.

En efecto, pese a poseer grandes depósitos de cobre y otros metales, Argentina no ha desarrollado todo su potencial minero. El país tenía políticas económicas que castigaban las exportaciones, las inversiones enfrentaban riesgo de expropiación, había una estricta ley de protección de glaciares y la distancia hacia los puertos era excesiva. Hoy, sin embargo, las políticas económicas son proinversión y proexportaciones, y se ha relajado levemente la aplicación de la Ley de Glaciares. Por otra parte, existe un tratado bilateral de complementación e integración minera con Chile, que podría facilitar la salida de la producción por nuestros puertos.

Hay varios proyectos mineros de cobre en distintos estados de desarrollo en Argentina, como Pachón, Los Azules, y otros, con inversiones requeridas de miles de millones de dólares. Estos serían más rentables (y en algunos casos, solo así viables) si los concentrados de minerales salieran por puertos chilenos. La distancia de estos es varias veces menor respecto de los argentinos, y cuentan con la infraestructura necesaria. Además, la demanda proviene de Asia, por lo que es conveniente sacar los minerales por el Pacífico. Este año se esperan inversiones reales de US$ 7.500 millones en esos proyectos.

Para Chile, hay oportunidades en logística, transporte y experticia minera, además de todo lo que significa tener mayor actividad portuaria. Posibles lugares de salida son Mejillones, Coquimbo o Iquique. Además, los proyectos podrían utilizar agua desalinizada proveniente de Chile, aumentando la inversión en nuestro país y aprovechando la disponibilidad de energías renovables.

En una cooperación de este tipo, y a diferencia del gas natural proveniente de Argentina, existe interdependencia entre los países. En el gas, los contratos tenían precios convenientes para Chile y los productores argentinos, pero cuando ese país priorizó el consumo doméstico a bajo precio por sobre los beneficios de exportar, no había forma de hacer cumplir los contratos. En el caso minero, los beneficios para ambas partes dependen de la cooperación: Argentina y sus minas perderían si se interrumpiera el transporte de concentrados hacia Chile. Chile estaría en una situación similar, pues no dejar pasar los minerales argentinos solo tendría costos para los puertos y la industria logística, sin beneficio alguno. Esta posición simétrica de ambas partes reduce la conflictividad.

En el caso de Perú, si bien es un rival en exportaciones agrícolas, hay una importante participación de inversionistas chilenos allá. En puertos, ese país tiene la ventaja de Chancay, el más moderno de Latinoamérica, pero, con mejores políticas portuarias en Chile, esta competencia podría ser positiva para ambas naciones si las cargas provienen no solo de los dos países, sino también de Brasil y Argentina. Siendo optimistas, tal vez aparezcan mercados de insumos y servicios sofisticados para la agricultura, la minería y los cultivos marinos, dada una escala que haría posible esta mayor colaboración económica. Por eso es importante el interés del Presidente electo por aprovechar el buen momento de relaciones vecinales que se avizora, de modo de fomentar confianzas que fortalezcan la colaboración regional.