Con el paso de los días, el desconcierto frente al escenario internacional no ha hecho sino aumentar. El régimen chavista permanece en el poder, mientras la retórica del Presidente Trump parece haber cambiado de eje: el énfasis inicial en terminar con la dictadura de Nicolás Maduro ha sido desplazado por declaraciones erráticas sobre recursos estratégicos y pretensiones geopolíticas que inquietan incluso a sus aliados. En este contexto, algunos se preguntan por qué seguir cuestionando la opción del Presidente Boric de condenar públicamente la captura de Maduro invocando el derecho internacional.

La respuesta es simple: porque la insistencia presidencial en abordar la tragedia venezolana desde una lectura formalista del principio de autodeterminación de los pueblos revela errores conceptuales profundos. La autodeterminación protege el derecho de un pueblo a decidir libremente su estatus político sin injerencias externas. Pero ese principio no opera como un escudo automático para cualquier gobierno que se autoproclame soberano. El derecho internacional protege al Estado frente al agresor externo solo en la medida en que ese Estado reconozca un mínimo de autodeterminación interna a su propio pueblo.

Tras las atrocidades de los Balcanes, Ruanda y Kosovo, la comunidad internacional alcanzó un consenso básico: las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos privan a un régimen de la posibilidad de invocar la autodeterminación en su favor, porque ese principio protege al pueblo, no al tirano que lo oprime. Omitir que el chavismo destruyó deliberadamente la soberanía popular venezolana desde dentro —mediante persecución política, fraude electoral y terror estatal— desplaza la protección de las víctimas en favor de una abstracción que solo beneficia a su opresor.

El segundo error es aún más grave y se relaciona con la responsabilidad de las autoridades. Invocar un principio jurídico no se agota en denunciar su supuesta transgresión: implica también hacerlo valer dentro del ámbito de competencia propia. El Presidente concentra su crítica exclusivamente en Estados Unidos, mientras guarda silencio frente a la injerencia sistemática de China y Rusia en Venezuela y Cuba durante años. Esa omisión debilita cualquier pretensión de coherencia moral. Más aún, el Presidente parece olvidar que su primera obligación es resguardar la soberanía chilena. Esta fue gravemente vulnerada con el asesinato de Ronald Ojeda en territorio nacional, en un crimen que la Fiscalía ha vinculado a una operación de violencia política asociada al régimen chavista.

Desde 2005, el derecho internacional reconoce el principio de Responsabilidad de Proteger: la soberanía no es solo poder, sino deber. Cuando un Estado no protege a su población, o es él mismo quien la persigue, la legitimidad internacional deja de estar de su lado. La pregunta entonces es inevitable: ¿le preocupa al Presidente defender la autodeterminación real del pueblo venezolano, o librar una disputa retórica con Donald Trump?

Fernanda García