La caída de Nicolás Maduro provocó un reflejo inmediato en amplios sectores de la izquierda chilena y regional: condenar la intervención de Estados Unidos antes de siquiera considerar lo que significó Maduro para millones de venezolanos sometidos a su dictadura. No cabe negar la pertinencia del debate sobre la legitimidad de la acción estadounidense. Cosa distinta, sin embargo, es recurrir a él para eludir cualquier reflexión respecto de la dictadura chavista y los factores que le permitieron consolidar su poder. Tales reacciones parecen otra manifestación de una larga tradición de incoherencias que acompañan a cierta izquierda cuando se trata de evaluar abusos cometidos por gobiernos afines.

La primera de esas incoherencias es histórica. Quienes hoy apelan con mayor vehemencia al “principio de no intervención” —por ejemplo, el Partido Comunista— justificaron las invasiones soviéticas a Hungría, en 1956, y a Checoslovaquia, en 1968, ambas violaciones abiertas a la soberanía de países que buscaban mayor libertad política. Aquellas operaciones fueron defendidas como “protección del socialismo”, una justificación que hoy muchos prefieren olvidar.

La segunda contradicción se observa en la defensa persistente de regímenes como el cubano. Por décadas, gran parte de la izquierda latinoamericana ha privilegiado denunciar el embargo estadounidense antes que reconocer la represión sistemática, el silenciamiento de opositores o la ausencia total de derechos políticos en la isla. Frente a Venezuela ocurrió algo similar: el éxodo masivo, las detenciones arbitrarias y la destrucción institucional fueron relativizados, como si los abusos del régimen fueran secundarios o incluso irrelevantes.

Una tercera tensión aparece al comparar la defensa retórica de los derechos humanos con la práctica política. Para numerosos dirigentes, la violación de derechos es intolerable cuando proviene de un adversario ideológico, pero aceptable, comprensible o “contextualizable” al tratarse de un aliado. Así, la intervención militar estadounidense es denunciada como una amenaza a la paz regional, mientras que el uso sistemático de la violencia interna por parte de Maduro —torturas, censura, persecución judicial— rara vez fue condenado con igual energía. Y ello no solo por parte de los sectores más extremos: durante mucho tiempo, una parte de la centroizquierda también se rehusó a admitir la deriva crecientemente autoritaria del chavismo, su desnaturalización de las instituciones democráticas mediante prácticas como la reelección indefinida, su copamiento del Estado y el progresivo estrangulamiento de la libertad de expresión. Ello ya ocurría en los primeros años del régimen y sin embargo buena parte de la izquierda democrática latinoamericana trató siempre con especial deferencia a Hugo Chávez y hasta se admitió su liderazgo en iniciativas como Unasur.

Por cierto, corresponde destacar excepciones como la de Ricardo Lagos, quien siempre mantuvo distancia del chavismo y ya en 2017 advertía respecto de Venezuela: “No me gustaría que venga una potencia extranjera con tropas a resolver lo que nosotros somos incapaces de resolver”. También el Presidente Boric denunció en estos años al régimen de Maduro como una dictadura que violaba los derechos humanos. Una coherencia que, sin embargo, no se ha extendido al caso cubano, aún objeto de un trato diferente.

Ninguna posición política seria puede subordinar la defensa de la libertad y la dignidad humana a afinidades ideológicas. Las imágenes de venezolanos celebrando la caída de un régimen que los empobreció y expulsó deberían invitar a una reflexión centrada en las personas. No se puede condenar el autoritarismo selectivamente ni exigir estándares democráticos solo al adversario. Los principios son creíbles cuando se aplican siempre, no cuando se adaptan al mapa ideológico del momento. Venezuela vuelve a recordarlo con crudeza.