Señor Director:

Existe una manera diferente a invocar las normas del derecho internacional para evaluar la acción de Donald Trump en Venezuela: esta es la de la responsabilidad política.

Es cierto que, basándonos en el derecho, la acción militar unilateral de EE.UU. puede ser objeto de duras críticas y considerársele una potencial amenaza a la convivencia pacífica basada en reglas.

Sin embargo, habría que poner en la balanza qué significaría para la región la consolidación en el poder de Nicolás Maduro, autor de un vergonzoso fraude electoral y líder de una dictadura siniestra condenada por la mayoría de los países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea, y que ha exportado bandas criminales por toda la región y empujado al exilio a cerca de ocho millones de venezolanos, provocando una crisis política y humanitaria sin precedentes en nuestros países.

Habría que preguntarse de qué sirve al derecho internacional y las Naciones Unidas desnudar su impotencia frente a un gobierno ilegítimo y criminal como el de Maduro en Venezuela. Francamente, no es claro qué sería peor desde el punto de vista de un mundo civilizado: si la intervención unilateral de una potencia democrática o la impotencia del sistema internacional frente a un tirano.

Por cierto, en un mundo perfecto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendría que haber aprobado y ejecutado la destitución de Maduro tras el fraude electoral, pero ese mundo no existe. De hecho, la dictadura venezolana se sostiene con el apoyo de otros autócratas sentados en el Consejo de Seguridad.

Ciertamente el mundo está cambiando aceleradamente. Convendría al mundo político y académico, a los gobiernos e instituciones internacionales, dejar de lamentarse con discursos principistas y asumir las nuevas realidades geopolíticas que van a condicionar las próximas décadas. Por momentos, lo político prevalece sobre lo jurídico.

Ricardo Brodsky