Con el inicio del debate legislativo del proyecto de reajuste del sector público, queda en evidencia lo que pareciera una incapacidad del Ministerio de Hacienda para abordar adecuadamente iniciativas complejas y con altos costos para el Estado. Tanto por el retraso en su presentación como por su controversial contenido, el texto debiera dar lugar a una reflexión profunda sobre el deterioro de nuestra institucionalidad económica y la calidad de la política pública.

Desde luego, la inusual tramitación de una ley de reajuste en enero y a pocas semanas de un cambio de gobierno podría interpretarse como una improvisación más de esta administración. Ello, sobre todo, si se recuerdan las dificultades y críticas que marcaron el trámite de la última Ley de Presupuestos, en cuanto a un nuevo incumplimiento —el tercero consecutivo— de la regla de balance estructural, la ausencia de holguras para la siguiente administración y la inexistencia de recursos para financiar, precisamente, un reajuste que entonces debía estar siendo preparado por el Ejecutivo.

Ahora, el informe financiero que acompaña al finalmente presentado proyecto de reajuste, preparado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), profundiza las dudas. De acuerdo con este, el largo listado de disímiles iniciativas incluidas en el texto —de más de 140 páginas— tendría un costo de $1.597.776 millones en el 2026, equivalente a más de US$ 1.770 millones (tipo de cambio de 900 pesos), y de cerca de $1.400.000 millones en régimen. Dada la magnitud de este gasto adicional y el impacto sobre las ya deterioradas cuentas fiscales, parte del debate ha estado centrado en la necesidad de conocer con certeza las fuentes de financiamiento y escuchar la opinión del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) antes de votar.

Pero además es necesario agregar los costos de largo plazo —no cuantificados en el informe— asociados a elementos como, por ejemplo, la normas referidas a la renovación o remoción de personas bajo el régimen de contrata (el llamado “amarre”). Medidas como estas modifican no solo incentivos, sino la organización del Estado, lo que tiene implicancias económicas que un análisis riguroso debería considerar (una de las conclusiones que deja este episodio para el nuevo gobierno es la importancia de una Dipres que sea regida por un mandato de rigurosidad que hoy se extraña).

La defensa del Ejecutivo, a su vez, ha dejado en evidencia una ausencia de autocrítica recurrente en esta administración. Así, en su presentación frente a la comisión de Hacienda de la Cámara, el ministro de Hacienda se defendió de los cuestionamientos por la evolución fiscal haciendo alusión a las consecuencias de la PGU en el pasado y planteando que la creación de empleo público sería muy inferior a los datos reportados, por ejemplo, por el INE. Parte de su ponencia se focalizó en haber logrado una supuesta “mayor estabilidad en el crecimiento”, “un nuevo ciclo de inversión”, el reconocimiento internacional de “la saludable trayectoria fiscal de Chile”, un empleo formal y asalariado que “ha superado los niveles previos a la pandemia” (en niveles y no tasas) y la contención del crecimiento de la deuda. Pero tan optimista visión no resulta congruente con la realidad de errores en las estimaciones y graves incumplimientos de metas observados en estos años. La propia discusión en enero de una ley de reajuste con un contenido cuestionado transversalmente y que genera dudas fundadas sobre su financiamiento no es precisamente una demostración de buen manejo fiscal.

Frente a ello, inevitable es la pregunta de si el Congreso debe permitir el avance de un proyecto de esta factura a pocas semanas del fin de esta administración. Rechazarlo significaría trasladar el debate al siguiente gobierno —con el riesgo de activar a los poderosos sindicatos del Estado—, pero cuando parte importante del financiamiento deberá ser asumido de todas maneras por las próximas autoridades, podría estimarse adecuado que sean estas las que determinen su contenido (incluido el guarismo), dejando en evidencia las incapacidades de la actual administración. Con todo, lo complejo del dilema lleva a otra pregunta: ¿realmente el Ejecutivo quiere que este proyecto sea aprobado o lo que privilegia es marcar un punto político que complique a quienes asumirán el gobierno en marzo?