La rectora de la Universidad de Chile, en la presentación de los resultados de la PAES 2026, celebró las distintas vías de admisión especial que han desarrollado las universidades y que, entre otros aspectos, han permitido la iniciativa Más Mujeres Científicas, que incentiva la incorporación del género femenino en un área tradicionalmente dominada por postulaciones masculinas. Pero para que la admisión especial funcione efectivamente, las instituciones de educación superior necesitan información apropiada sobre quiénes rindieron la prueba de selección. Una mala comprensión sobre la protección de datos personales ha llevado al Comité de Acceso al Sistema Universitario, a instancias del Demre, a restringir la disponibilidad de esa información para dichas instituciones. La referida ley busca impedir el mal uso de los datos individuales para evitar perjuicios sobre las personas. Pero en este caso esas restricciones no benefician a los postulantes; más bien perjudican a muchos de ellos, sin mejorar las opciones de otros. La idea de que podrían ser engañados por las instituciones no parece razonable. Sobre todo, porque el Estado pone a disposición de los postulantes mucha información y esta incluso podría aumentarse.

Otra razón para alentar la admisión especial es que, empíricamente, es sabido que los instrumentos de selección disponibles son imperfectos para proyectar el desempeño académico de los seleccionados en la educación superior. La admisión especial permite que estudiantes con un potencial académico que no es capturado por esos instrumentos tengan una oportunidad de ser admitidos a sus programas y universidades preferidas. Indudablemente, ello abre la puerta a discriminaciones y por eso las universidades, que son las que usan el sistema único de admisiones, tienen la obligación de publicar adelantadamente sus vías de admisión especial y pueden ser auditadas en su implementación. Pero, de nuevo, su funcionamiento es mejor si los resultados se ponen a disposición de las instituciones. Las limitaciones acordadas rigidizan aún más el sistema.

Hay que recordar, además, que este tiene particularidades que son bastante únicas en el mundo. Entre otras, una postulación que ocurre en un lapso muy breve y que el estudiante recibe luego una sola oferta. Por cierto, acorde con sus preferencias, pero obligado por un proceso de decisión muy rápido. Un sistema más flexible tendría muchas virtudes. La interacción entre instituciones y postulantes es, en ese sentido, un aporte. Es este proceso el que se bloquea con las limitaciones de información. Una vez más no se ve cómo ello puede beneficiar a los postulantes. Esto, a menos, una vez más, que se crea que las instituciones tienen posibilidades de engañarlos sistemáticamente.

En cuanto a los resultados de esta versión de la prueba, ellos muestran —en general y salvo en ciencias— un aumento de puntajes en el marco de un grado relevante de estabilidad. Sin embargo, el origen de estos aumentos no es claro. Parece empujado por la posibilidad de postular con los puntajes de cuatro procesos usando los mejores resultados de cada uno. Esto invita a un comportamiento estratégico de un grupo de postulantes, que puede concentrar sus esfuerzos en una de las pruebas en cada medición para mejorar sus posibilidades de ingresar a las carreras más selectivas. Por lo mismo, el tema requiere de una evaluación más detallada, porque puede llevar a ineficiencias e inequidades que no son fáciles de tolerar.

A su vez, las brechas por género, nivel socioeconómico y dependencia de los colegios no han sufrido cambios mayores, reflejando las inequidades que caracterizan al sistema escolar y que una prueba de admisión al sistema universitario no puede modificar. La nula o escasa presencia de liceos públicos (solo uno entre los 100 de mayor puntaje promedio en las pruebas obligatorias, y retrocediendo) revela que el costo de terminar la selección por aptitud académica en los liceos emblemáticos fue un error de proporciones, generando un vacío que no ha podido ser llenado por otras acciones que se han impulsado para potenciar la educación pública. Así, las posibilidades de movilidad social se ven afectadas negativamente.