Entre las cosas que la intervención de Estados Unidos en Venezuela ha puesto de manifiesto está la debilidad de la argumentación. Especialmente en algunos de los comentarios que se escuchan o leen en los medios nacionales.

Veamos.

Desde luego abundan los argumentos, por llamarlos así, puramente descriptivos. Se dice, por ejemplo, que este tipo de intervenciones ha ocurrido muchas veces, de manera que sería hipócrita sorprenderse u oponerse. La futilidad de ese argumento salta a la vista y equivale a sostener que la reiteración de un hecho anula el juicio crítico respecto de este. La historia no es un argumento, salvo que se endose el principio de que lo que ha ocurrido debe volver a ocurrir.

Hay quienes sugieren que quejarse por la violación del derecho internacional es ingenuo, porque de lo que se trataba era, sin más, de castigar a un dictador. Y lo peor es que quienes lo dicen son los mismos que esgrimían el derecho internacional y la soberanía para impedir que Pinochet —a quien, dicho sea de paso, entonces no se atrevían siquiera a llamar dictador— fuera llevado ante un tribunal por crímenes equivalentes (si es que hay equivalencia en los crímenes) a los que se imputan hoy a Maduro.

Pero lo peor de todo —por la falsedad flagrante que reviste— es el argumento pretendidamente moral. Se arguye entonces que lo que se ha hecho en Venezuela es correcto, porque se ha llevado a un criminal a juicio y se ha castigado a una dictadura. Pero todos saben que ese argumento es falaz, como el propio Presidente Trump se ha encargado de poner de manifiesto. A Estados Unidos lo anima la protección de sus intereses, y especialmente sus intereses económicos, y en modo alguno o solo secundariamente la recuperación de la democracia, como lo prueba el hecho de que algunos de quienes apenas ayer eran cómplices de Maduro, hoy son amigos y aliados o subordinados de los Estados Unidos. Es sencillamente ridícula la forma en que se obvia la honestidad del Presidente norteamericano, que no se distrae en edulcorar las acciones que ha decretado. Es absurdo esgrimir razones morales sin atender al hecho de que el mismo ejecutor del acto declara que no son esas razones las que justifican su obrar.

El problema que todo esto plantea, y que hasta ahora se elude, es entonces si acaso es correcto que sean los propios intereses, y nada más que los propios intereses, aquello a lo que haya que atenerse en las relaciones internacionales o políticas.

Y es evidente que no, que algo así no es correcto.

Las personas y los países deben discernir en base a reglas y no solo sobre la base de sus intereses. Ese es el sentido del derecho en general y del derecho internacional en particular. Cuando eso se olvida, se cancela, aunque suene exagerado, una dimensión muy importante de la cultura humana, que consiste en interponer entre los propios intereses y la conducta a ejecutar, un discernimiento racional, el esfuerzo por razonar imparcialmente. Es verdad que todo esto es difícil y a nivel internacional suele fracasar en beneficio del más fuerte. Es cierto. Pero nada de eso debe anular el esfuerzo por mantener a raya el mero uso de la fuerza, y mantener siquiera una mínima conciencia lúcida para impedir o siquiera criticar el hecho de que sea el más poderoso el que impone las reglas y legitime su actuar a la luz de sus propios intereses.

Cuando se acepta que sean los propios intereses los que no solo expliquen el obrar, sino que se erijan en criterios de legitimidad, se está consintiendo que la facticidad, los simples hechos, son los que tienen la última palabra; pero todos saben que, si algo así fuera correcto, ni la moral ni el derecho ni las reglas de urbanidad ni de cortesía, menos los valores, existirían.

El derecho internacional, como todo el derecho, dicho sea de paso, tiene por objeto que no sea solo la racionalidad instrumental o el más crudo pragmatismo el que oriente las interacciones humanas, sino que estas últimas se dejen evaluar por una racionalidad mínimamente sustantiva, que permita saber qué es correcto y qué es incorrecto —y no solo útil— de hacer.

¿Ingenuo, absurdo, tonto, estúpido, en tiempos en que la fuerza parece tener la última palabra? Puede ser; pero sobre ese tipo de ingenuidades descansa el derecho y buena parte de las reglas que hacen posible una vida decente. A veces, las reglas no impiden que se obre mal; pero siempre permiten tener al menos la conciencia clara, al observar los hechos, de que se obró mal. Entre obrar mal sin saberlo, y al menos la capacidad de advertir que se obró mal, que es lo que las reglas hacen posible, radica la peculiaridad de la cultura humana.

Carlos Peña