Señor Director:

Que un proyecto de ley deba obligar por norma a las familias a visitar, querer y cuidar a sus personas mayores dice mucho —y muy poco bueno— de la sociedad que hemos construido. El individualismo extremo, la vida acelerada y la lógica de la productividad han ido erosionando los lazos básicos de cuidado, al punto de que hoy leemos con frecuencia noticias de personas mayores que mueren solas en sus casas, o que no pueden ser dadas de alta desde hospitales porque no hay nadie que pueda hacerse cargo de ellas.

El proyecto que busca garantizar el derecho de las personas mayores de 65 años a mantener relaciones familiares y sociales, incluyendo multas en casos graves de abandono o maltrato, parte de un diagnóstico real y doloroso. Sin embargo, la pregunta de fondo es si castigar es el camino adecuado para reparar un problema profundamente estructural.

Cuidar a una persona mayor no es fácil. Requiere generosidad, tiempo, recursos económicos, energía emocional y, muchas veces, conocimientos específicos. En la práctica, este trabajo recae casi siempre en una sola persona —generalmente una mujer— que cuida sin apoyo, sin descanso y sin reconocimiento. Es un trabajo muchas veces no remunerado, invisibilizado y, en demasiadas ocasiones, poco valorado por el resto de la familia y por el Estado.

Más que “dar con el palo”, urge avanzar en políticas públicas de apoyo y reconocimiento concreto del rol de cuidador: beneficios económicos, redes de relevo, acompañamiento psicosocial, capacitación y corresponsabilidad real.

Si como sociedad hemos llegado al punto de legislar el afecto, quizás el desafío no sea sancionar más, sino cuidar mejor a quienes cuidan y reconstruir, con apoyo institucional, los vínculos que hoy están rotos.

Pilar Ureta Fernández
Fernanda Cerda Díez
Académicas Universidad de los Andes