Señor Director:

A propósito de la carta publicada ayer de Ernesto Rencoret Orrego, sobre gratuidad universitaria, la experiencia reciente muestra que el Estado fija las reglas del sistema —pone la música, expresa Rencoret—, pero la realidad es que aporta recursos por debajo del costo efectivo de los estándares que él mismo exige a las universidades para sus acreditaciones de calidad. En los hechos, una parte sustantiva del costo financiero de la gratuidad —que hoy beneficia a más de 600 mil estudiantes— ha sido trasladada a las universidades privadas, que sostienen esta política resignando recursos frente a retrasos del propio Estado.

La reciente noticia sobre el atraso en la transferencia de los fondos de gratuidad vuelve a confirmar esta realidad. Cerca del 72% de los estudiantes universitarios estudia en universidades privadas, las que además concentran más beneficiarios de la gratuidad que las universidades estatales, operando durante meses sin recibir oportunamente los recursos comprometidos.

La situación descrita no es solo un problema administrativo, sino una señal de fragilidad del modelo. Si la gratuidad es una política pública prioritaria, su viabilidad no puede depender de la capacidad de las universidades privadas para adelantar recursos o absorber ineficiencias estatales, sino de un diseño coherente entre las legítimas exigencias del sistema y su financiamiento efectivo y a tiempo.

Fernando Marín Cruchaga
Académico y directivo universitario