Señor Director:

Las municipalidades gozan de amplia flexibilidad para autorizar el uso del bien nacional de uso público. Esa flexibilidad, sin embargo, no siempre se ejerce con el mismo rigor.

Hoy, una cafetería que desea instalar una mesa en la vereda —para recibir clientes y aportar a la vida de barrio— debe pagar hasta un 100% adicional sobre su patente comercial. En contraste, basta caminar por sectores como Barrio Italia para ver veredas ocupadas por autos en reparación, muebles abandonados o chatarra, sin cobro visible ni fiscalización efectiva.

Resulta paradójico que dignificar el espacio público tenga un costo elevado, mientras que degradarlo parezca gratuito. Como si el problema no fuera ocupar la calle, sino habitarla.

Quizás el debate no sea quién usa el espacio público, sino para qué. Y si una ciudad debe cobrar caro el encuentro, pero tolerar sin costo el desorden.

Gerónimo Loyola B.