Las imprudentes declaraciones en redes sociales de la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, en favor de “la libre determinación de la Nación Rapa Nui”, y su anterior entrevista, revelada por este medio, promoviendo el autogobierno de ese territorio, constituyen graves extralimitaciones a la función diplomática, merecedoras de ejemplares sanciones.

Los embajadores son representantes de los Estados para promover en el extranjero los intereses de sus países, al margen de lo que sean sus propios intereses y convicciones personales.

El primer interés nacional a cargo de estos funcionarios es la defensa de la soberanía nacional bajo el mandato constitucional de un Estado unitario, lo que se contradice con las preferencias autonómicas de la embajadora en sus declaraciones, aparentemente inconsultas con sus superiores jerárquicos. Además, ha transgredido normas básicas de disciplina y apego a las instrucciones de cautela recibidas en su formación profesional para el desempeño de su cargo, así como al juramento realizado.

Tratándose de una funcionaria con más de veinticinco años de experiencia y con conocimiento de las implicancias y controversia de los términos “libre determinación” y “autogobierno”, por su paso en Naciones Unidas, no es comprensible que no previera la polémica y la inconveniencia de sus dichos.

Por legítimo que sea el que los funcionarios diplomáticos tengan personales inclinaciones políticas, sociales, comunitarias, económicas o religiosas, les está vedado el activismo de anteponerlas en el ejercicio de sus funciones. Y por opinable que resulte el estatuto político y administrativo especial de Rapa Nui —hay un proyecto en el Congreso desde 2008 y el actual gobierno desarrolla una consulta indígena para elaborar otra iniciativa—, no corresponde a los diplomáticos expresar públicamente sus posiciones al respecto. Menos, presentarse como representantes de Chile y Rapa Nui cual si fueran Estados diferentes o estuviéramos dentro de un régimen plurinacional, normativa abrumadoramente rechazada al ser incluida en la fallida propuesta de la Convención Constitucional de 2022.

Por lo mismo es que severas y transversales han sido las reacciones ante las inaceptables declaraciones de la funcionaria. Embajadores y diplomáticos en retiro, dirigentes de ese gremio y parlamentarios de distinta posición política han instado a la adopción de enérgicas y prontas medidas, que incluyen su solicitud de renuncia y destitución por pérdida de confianza.

También se ha reclamado por la indiferencia y tolerancia de la Cancillería ante previas declaraciones de la diplomática, las que han escalado y configuran un precedente negativo, contrario a la disciplina y control interno en el servicio exterior.

Diferentes especialistas mencionan las cualidades ideales del diplomático profesional. A estas, Harold Nicolson, en su obra clásica “La diplomacia”, agrega la prudencia y el discernimiento como fundamentales de respetar y que no deben darse por descontadas.

La opinión pública sigue con atención las medidas y sanciones que se adoptarán por el Gobierno, para evitar la repetición de conductas semejantes a las protagonizadas por esta embajadora.