Los ciudadanos saben que el Estado chileno no está funcionando bien. Son múltiples los antecedentes que así lo revelan y quizás el más definitivo es la poca confianza que se tiene en muchas de sus instituciones. Con todo, su modernización se percibe a veces como un concepto inasible. Pero una auditoría de los estados financieros de 73 entidades públicas (50 del gobierno central y 23 del sector municipal), realizada por la Contraloría General de la República entre 2020 y 2024, muestra problemas profundos muy concretos que se pueden abordar con soluciones específicas no extremadamente complejas.

Las auditorías realizadas en estos casos no le permitieron a la CGR emitir una opinión razonada sobre los estados financieros de las distintas agencias, porque no se pudo obtener la evidencia necesaria para respaldar las operaciones que ellas registraron. Entre las razones, se encuentran la incapacidad de la entidad fiscalizada para explicar y sustentar sus saldos contables, los débiles o inexistentes controles internos, registros contables inconsistentes no aclarados y controles insuficientes sobre los sistemas informáticos contables o de operación. Los montos de recursos involucrados suman 15,9 billones de pesos, un 91% de los cuales se concentran en el gobierno central. Un 26% de los estados financieros objetados corresponden a Defensa, seguida por Vivienda e Interior, con un 10,8% y un 10,1%, respectivamente.

Todos esos son elementos centrales en la provisión de estados financieros y es insólito que ninguna de las instituciones auditadas los tenga funcionando apropiadamente. Dichos estados constituyen una pieza central en el buen funcionamiento de toda organización y su confección inadecuada es una fuente de inestabilidad que no solo sugiere mala gestión, sino que también eleva los riesgos de defraudación. No es raro, entonces, que se haya decidido derivar los resultados de diez de estas auditorías al Ministerio Público o al Consejo de Defensa del Estado. En otras diez situaciones hay procedimientos disciplinarios realizados por el propio ente contralor. Por último, se han ordenado 27 sumarios en las entidades auditadas.

Asegurar la preparación correcta de los estados financieros de todas las entidades públicas no debería ser una tarea particularmente compleja. Que ello no haya sido una preocupación central de sucesivos gobiernos revela un escaso esfuerzo por asegurar el buen funcionamiento del aparato público. La paradoja es que, sin ese atributo, los órdenes institucionales decaen. Se requiere una burocracia efectiva y eficiente para darle legitimidad al Estado. Una buena evaluación de la democracia también depende de ello. Apoyar la correcta elaboración de estados financieros y aumentar su transparencia debería ser una tarea permanente que asuman el próximo gobierno y los siguientes. Para estos propósitos no se requieren grandes inversiones y la experiencia comparada y la del sector privado serían muy útiles para satisfacer en poco tiempo este objetivo.