Era un día normal en el liceo. El equipo técnico recibió a la apoderada. Ella venía con cara de angustia. Se sentó y fue directo al grano: “Mi hijo se fue de la casa, está en condición de calle. Necesito ayuda, mi pareja y yo lo queremos de vuelta”. Años atrás la solicitud hubiese generado estupor. Ya no. El grupo de profesionales ha sido testigo del avance de la droga entre los jóvenes.

Para los narcos, la rentabilidad del negocio va muy bien hace rato y, seamos honestos, el Estado ha hecho poco para reducirla. Partamos por niños y jóvenes.

Ya en el 2019, un informe de la OEA concluía que Chile tenía las tasas más altas de América Latina en consumo adolescente de marihuana, cocaína y pasta base. Desde entonces, el fentanilo, la metanfetamina, entre otras de las nuevas alternativas sintéticas, han agarrado fuerza. La oferta es amplia, los precios a la baja. ¿Cómo atacar el drama?

Los colegios deberían ser el epicentro de las acciones del Estado en la batalla. Y fíjese que la prolongada caída en la tasa de fertilidad podría ser una aliada. Desde 1999 a la fecha, el tamaño de la población menor de 18 ha caído un 11% (caerá 25% al 2050). Entonces, con menos niños y un presupuesto al alza, una agenda ambiciosa del Estado para combatir las drogas debería ser más efectiva y dar resultados.

Pero no se entusiasme, mire que los años de pasividad del Estado han salido caros. Los carteles se profesionalizaron. Hoy dominan barrios y saben cómo y dónde reclutar a jóvenes. Sin apoyo y recursos, un colegio no puede hacer mucho.

Frente a estas circunstancias, la familia debería estar muy atenta para prevenir y evitar los primeros contactos de sus hijos con la droga. Lamentablemente, aquí la cosa también se ha complicado.

En Chile, de cada 100 menores de 18 años, 35 viven con solo uno o sin ninguno de sus padres (alza de 50% respecto de 2000). Para ser más precisos, casi 30 viven solo con la madre. Es fácil imaginar las inmensas presiones económicas que la década de estancamiento ha generado en todos los hogares y más en los monoparentales. Si desde el 2022 el promedio de desempleo entre las mujeres ha sido 9,1%. Por lo tanto, todo esfuerzo parental por proteger a los niños de la droga ha tenido el peso adicional de una economía con pocas oportunidades. Le firmo que esto ha sido aprovechado por los narcos. Desde muchos ángulos, una “emergencia laboral” es un shock positivo a su negocio.

El nuevo gobierno deberá innovar al máximo para revertir el avance de la droga. El desafío es monumental. Para ilustrarlo, termino la historia del liceo: luego de escuchar a la mamá, el equipo le mostró un documento. Era una denuncia en contra de ella y su pareja. ¿El denunciante? El menor en cuestión. ¿Acusación? Ambos eran drogadictos y lo maltrataban. Sin apoyo, no había tenido otra que irse de la casa. Cuando tras un descalabro se esconde otro drama, es que la cosa se fue a las reverendas pailas. Ha llegado el momento de que el Estado dinamite la productividad del narco.