El concepto de “desarrollo” está asociado al logro de mejores oportunidades individuales y colectivas. Múltiples debates y no pocos errores han transcurrido desde la concepción del desarrollo como una meta asimilable a la industrialización y el “desarrollo hacia adentro” (Prebisch), el énfasis en un proceso de expansión de las libertades individuales (Sen), y más recientemente el fortalecimiento de las instituciones (normas) diseñadas para proteger los derechos de propiedad, minimizar los costos de transacción y garantizar el cumplimiento de los contratos (North).

Descartada la industrialización como un objetivo con mérito propio, cabe preguntarse sobre el grado de avance de tales metas en el caso de Chile.

Respecto del ejercicio de las libertades, el indicador más utilizado para medir la capacidad de las familias de ejercerlas es el ingreso por habitante. De acuerdo al Banco Mundial, Chile posee un “alto” ingreso per cápita (US$ 34.637 PPP), categoría que comparte con las naciones más ricas del mundo. Un mayor nivel de ingreso es condición necesaria, aunque no suficiente, para generar más y mejores empleos y una base gravable a partir de la cual financiar las demandas propias de un Estado moderno.

Si bien Chile registra un índice de desarrollo humano que lo ubica a la cabeza de América Latina, exhibe también importantes brechas respecto de la OCDE en materia de equidad distributiva, logros de aprendizaje en educación, acceso a vivienda, y grado de satisfacción con la calidad de los servicios de salud, entre otros factores. El origen de las instituciones continúa siendo controvertido y de gran interés académico. No obstante, la visión predominante desde inicios de los 90 es que estas juegan un papel crítico en el camino al desarrollo, y que poseen una inercia histórica difícil de alterar en el corto plazo (Acemoglu y Robinson).

Desde la propia Constitución hasta las leyes y normas de menor jerarquía, las instituciones condicionan múltiples decisiones públicas y privadas, y generan trayectorias que pueden acercarnos (o alejarnos) del desarrollo.

La evaluación de estas admite dos dimensiones complementarias. Primero, su calidad merece atención especial, toda vez que su grado de orientación al desarrollo puede diferir sustancialmente según el caso. Segundo, las instituciones existen en el marco de un Estado que hace cumplir las normas, condición que admite grados diversos de profundidad.

En cuanto a la calidad de las instituciones, la llamada “Calidad Regulatoria” reportada por el Banco Mundial nos concede una ventana interesante para evaluar el problema. En dicha métrica, Chile sobresale en la región. Sin embargo, aún mantiene una significativa distancia con naciones desarrolladas de la OCDE.

En lo que al grado de cumplimiento de las normas se refiere, la versión 2025 del llamado “Rule of Law index” (World justice Project) ubica a Chile en el lugar 35 de mejor desempeño entre 142 países, y en el tercer lugar de América Latina. Sin embargo, este índice se elabora en base a una métrica compuesta de ocho subindicadores, según los cuales Chile se encuentra en el lugar 98 en el ámbito específico del “orden y seguridad”.

Nuestro país posee una institucionalidad comparativamente sólida en diversos ámbitos. Destacan entre ellos la esfera fiscal y monetaria, la administración de los procesos electorales y el diseño y evaluación de las políticas sociales, entre otros ámbitos. Sin embargo, la reciente propuesta de eximir de multas a quienes transiten sin tag por vías concesionadas amenaza con transformarse en una severa amenaza al cumplimiento de los contratos.

En lo que al enforzamiento de la ley se refiere, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes muestra un sistemático alejamiento respecto de los países reconocidos como desarrollados, hecho que tiene un correlato evidente en la creciente demanda ciudadana por más seguridad. Tras difíciles acuerdos y largos debates, subyace un sistema político que favorece el fraccionamiento de los partidos y hace difícil y poco eficiente la gobernanza. Es prioritario mejorarlo.

Leonardo Letelier S.
Decano de la Facultad de Gobierno Universidad de Chile