Este 2025 no se destacó por la prosperidad económica o por el orden en las cuentas fiscales. De acuerdo con las proyecciones más recientes, el crecimiento se ubicará cerca del 2,5%, lo que dejará a la administración Boric con un promedio por debajo del 2% anual para los cuatro años. El déficit fiscal, por su parte, avanza hacia un nuevo incumplimiento de la regla de balance estructural (el tercero consecutivo), anticipándose una brecha entre gastos e ingresos de cerca del 2,5% del producto. Por su parte, el endeudamiento del gobierno central se aproxima con rapidez al nivel establecido como prudencial (45% del PIB).

En cuanto al mercado laboral, el desempleo se mantiene por sobre el 8%, en una larga secuencia que se ha transformado en un triste récord (casi tres años). Existe consenso en que distintas medidas implementadas bajo la actual administración (se suma ahora la propuesta de negociación ramal) han contribuido a esta “emergencia laboral”. El crecimiento del empleo público, sin identificar mejorías en productividad, es otro elemento que ha afectado al mercado del trabajo. En este contexto, el acuerdo entre el Ejecutivo y gremios del sector, que incluye insólitas normas de “amarre”, representa el último de muchos errores.

Así, frente al próximo cambio de mando, las expectativas de mejores cifras económicas asociadas a una agenda en donde se priorizaría la promoción de la actividad privada y el control de las finanzas públicas son obvias. Sin embargo, esto requerirá una agenda precisa y rigurosa, en donde, con un Congreso sin mayoría, se prioricen cambios legislativos acotados pero potentes.

Un ámbito en donde ajustes quirúrgicos podrían tener alto impacto es la inversión. La dinámica de los últimos trimestres, en donde las expectativas de cambio de gobierno alentaron a los agentes económicos, permite anticipar una positiva espiral para la formación bruta de capital fijo (FBCF). Su expansión de 7% el 2025 y la predicción de 4,9% para 2026 sugieren un escenario interesante. En este contexto, proyectos de ley breves, que apunten a reducir la tasa de impuesto corporativo y que eliminen trabas burocráticas, tendrían el potencial de llevar el crecimiento de la FBCF a niveles incluso mayores en 2026 y, con mayor seguridad, en los años subsiguientes.

Un difícil balance fiscal

Una de las apuestas más ambiciosas del programa de Kast es la reducción en 18 meses de 6 mil millones de dólares en el gasto público. No existen dudas técnicas respecto de la necesidad de un ajuste importante, pero sí sobre dicho monto y la forma de alcanzarlo. Las estimaciones de la Dipres apuntan a un gasto total del gobierno central para 2025 de 81.591.862 millones de pesos, lo que, a un tipo de cambio de 915 pesos por dólar, representa US$ 89.171 millones. Por lo tanto, el ajuste sería equivalente a una reducción de 6,7% de dicho gasto (si se hiciese en un año) o un 1,7% del PIB. Con un déficit fiscal heredado cercano al 2,5% para 2025, un reajuste del sector público que se estima podría alcanzar los US$ 1.500 millones y presiones de gasto por la acumulación de años de equivocadas y caras políticas públicas, la inercia presupuestaria será un escollo.

Ello explica no solo las dudas respecto de la factibilidad de la propuesta, sino también de sus potenciales efectos macroeconómicos. Es evidente que existe un amplio espacio para ajustes del gasto en el Estado, siendo los esfuerzos de la Contraloría una prueba, pero parece recomendable que la nueva administración comience a explicar pronto y en detalle la estrategia, para poder avanzar sin generar incertidumbre.

Lo anterior adquiere aún más importancia si se considera que será necesario calzar los menores ingresos (por la reducción de impuestos) con el ajuste del gasto. Así, brechas inesperadas pueden complicar la ya deteriorada salud de nuestras cuentas fiscales. El Estado, por su parte, tiene mínimas posibilidades de liquidar activos por montos importantes y los saldos de los fondos soberanos ya no dan holgura alguna.

El ámbito social

Las expectativas en el ámbito social también requieren de una agenda potente. La situación en vivienda es particularmente preocupante, por lo que la agenda debe lograr avanzar en la construcción sin desmantelar la regulación existente. Un ímpetu desregulador desmedido en este ámbito puede generar externalidades permanentes para la población, por lo que el equilibrio técnico será importante.

Los datos de pobreza e indigencia que se conocerán en enero (Casen 2024) también demandarán una agenda pertinente. La focalización de programas y el ordenamiento de la red de protección social deberán complementar las medidas para activar el empleo formal y asegurar un aumento en la productividad. Frente al avance de la inteligencia artificial, que permite sustituir humanos por máquinas en un amplio rango de ocupaciones, tal agenda debe ser trabajada en detalle para implementarse durante los primeros meses del próximo gobierno.

Los cambios en salud, para mejorar el servicio, y en educación, para revertir casi una década de errores; el perfeccionamiento de la reforma de pensiones y, por cierto, la agenda en seguridad son también desafíos para una administración que debe aprovechar el amplio margen de victoria que le dio un electorado cansado del estancamiento.