La creación del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), en 2003, fue uno de los consensos más relevantes para la modernización del Estado chileno. Su objetivo central fue profesionalizar la administración, separando la gestión técnica de los vaivenes del ciclo político, y asegurando que quienes lideran servicios clave como el SII, Fosis, Indap o Sence posean las competencias idóneas. Se trataba de pasar de una lógica de botín político a una de mérito y continuidad de la administración del Estado.

Sin embargo, para que este diseño institucional funcione, requiere no solo de normas, sino de una ética de responsabilidad por parte de sus actores. Por eso inquieta la reunión revelada hace algunos días por “La Segunda”, que se llevó a cabo en el restaurante Domani, donde catorce jefes de servicio ADP acordaron “defender el legado” del Presidente Boric una vez instalado el nuevo gobierno.

La situación es anómala y preocupante. Si bien los directivos tienen derecho a tener preferencias políticas, la naturaleza de sus cargos les exige una lealtad institucional hacia el Estado, no un activismo militante hacia un gobierno saliente. Que el director del Fosis, quien coordinó la instancia, o los titulares de servicios como Junaeb o Sence, se concierten para “proteger políticas públicas” ante el arribo de las nuevas autoridades electas, constituye un agravio al espíritu del sistema.

Esto coloca a la administración entrante en una encrucijada injusta y peligrosa. La ley faculta al Presidente de la República para remover libremente solo a 12 altos directivos de primer nivel (las llamadas “balas de plata”), y para el resto rigen protecciones e indemnizaciones diseñadas para asegurar estabilidad técnica, no atrincheramiento ideológico. ¿Cómo podría el nuevo gobierno confiar la ejecución de su programa social a un director que ha declarado, de facto, su intención de actuar como dique de contención política?

La imprudencia de esta reunión política no solo tensa la transición —como también lo hace el intento de blindar a los funcionarios públicos a contrata—, sino que daña la credibilidad de la ADP. Si los directivos, que deben ser garantes técnicos, deciden actuar como operadores políticos, validan la tesis de que cada gobierno debe llegar a “limpiar” la administración, retrocediendo décadas en la profesionalización del aparato público. Pretender mantenerse en el cargo para ejercer una resistencia interna es una deslealtad que el sistema no merece y el país no se puede permitir.