En las postrimerías de su gobierno, enfrentando estrechez presupuestaria y con la experiencia de la situación que afecta a Televisión Nacional, el Presidente de la República ha propuesto la creación de un sistema nacional de radios públicas. El objetivo sería asegurar el pluralismo informativo, puesto que los cientos de radioemisoras actuales, al parecer, no lograrían conseguir ese propósito. Junto con ello, se menciona la gestión de emergencias y el aislamiento informativo de las zonas extremas, tareas que deberían estar en manos del Estado, a juicio del actual gobierno.

La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, luego de un comedido análisis, ha descrito varias dificultades que enfrentará el proyecto. La más evidente es que, por tratarse de crear nuevos servicios públicos, requerirá del respaldo del Ejecutivo, que cambiará en marzo, y por tanto no habría posibilidad de avances si el nuevo gobierno no lo apoya. Pero más aún, como se trata de la creación de empresas estatales, la exigencia constitucional es de una ley de quorum calificado. Y como se pretende impulsar la formación de varias empresas que constituyan un sistema nacional de radios, cada una requerirá de una ley especial, como la de TVN. Por último, señalan los radiodifusores, se establecen privilegios regulatorios incompatibles con la legislación común aplicada a los particulares.

El Gobierno ha mostrado en varias oportunidades su desconfianza en el funcionamiento de los mercados y ha buscado reemplazar la actividad privada por servicios estatales. La experiencia mundial del desempeño estatal, cuando se eliminan todos los incentivos que son la base del funcionamiento de los mercados, ha sido sin embargo lapidaria. Pocos países han sido capaces de llevar estas ideas teóricas hasta sus últimas consecuencias, pero si se llega a prescindir en forma absoluta de todo premio o castigo por la conducta de los agentes económicos, como se ha hecho en Cuba, la crisis se torna permanente. En Chile, sin embargo, aún subsiste esta clase de ideas, y también la intención de aplicarlas en diversos campos. El ámbito comunicacional es uno de ellos y este sorprendente proyecto, una manifestación más de esas preferencias. Basta con leer las primeras palabras del mensaje presidencial para captar su orientación: “El interés general necesita su propia frecuencia, un espacio de información y cultura que responda a las necesidades de la ciudadanía (…) la radiodifusión pública se levanta como un instrumento que promueve la igualdad, capaz de llevar cultura, educación y orientación a cada rincón del país, asegurando que nadie quede excluido del diálogo nacional”. Las radioemisoras del país parecen incapaces de lograr estos fines, a ojos del Gobierno, y por ese motivo es necesario asegurarlos mediante una red de empresas públicas.

Las ideas de fondo que sustentan las políticas que ha intentado impulsar el Gobierno en el campo comunicacional no solo no han logrado demostrar sus beneficios, sino que han sido derrotadas electoralmente en Chile. Este proyecto, firmado por los ministros de Transporte y Secretaría General de Gobierno, bien puede ser calificado como un ejercicio testimonial, pero representa la tenacidad de quienes impulsan la actividad estatal en todos los campos, pues desconfían de los actores privados y de la competencia entre ellos.