La decisión del actual Gobierno de introducir en la ley de reajuste salarial de los empleos públicos a contrata un artículo que rigidiza el despido ha recibido fundadas críticas. Se la ha calificado como “ley de amarre”. El problema de fondo que trasluce esta polémica es que Chile no cuenta con un marco legal-institucional de alta eficacia que garantice llevar adelante una política de gestión del empleo público que incentive el máximo desempeño y con reglas justas para generar un clima laboral grato y estimulante.

Hoy son necesarios cambios profundos y permanentes, y ello requiere de un nuevo marco legal e institucional.

Es sabido que un tercio de los empleos en el Gobierno Central son de planta, creados por ley, con mucha opacidad sobre los concursos e inamovilidad laboral. Es una parte del problema. La otra es que en las contratas la concursabilidad queda a discreción del jefe de Servicio, lo que abre la puerta al “clientelismo” político con contrataciones directas y prisas para amarrar a los que están cuando el gobierno está de salida; es el caso de la actual propuesta.

En la evaluación de desempeño la información es muy limitada, con metas poco desafiantes en la evaluación grupal, como sucede en los Programas de Mejoramiento de la Gestión, PMG, y la evaluación individual no ayuda para gestionar el desempeño (97% de los funcionarios queda en lista 1 de excelencia).

La inversión en capacitación no siempre está alineada al “negocio”. Muchos cursos de formación sin valor estratégico. No hay medidas de impacto o efectividad de los programas. Hay un sesgo por cumplir con el gasto de personal contemplado en el presupuesto. En las contratas, la ausencia de normas objetivas y claras no ayuda a la transparencia, y la ausencia de protección al despido al cabo del año laboral, como seguros de desempleo o indemnización, lo dejan como un empleo frágil.

A lo anterior se agrega un complejo sistema de pagos que responde más bien a presiones políticas que a variaciones de productividad, lo que genera una gran inequidad salarial. Si a ello se añade un ausentismo exagerado, que salió a la luz con el tema de las licencias médicas, se presta a calificativos de “parásitos”, ofensivo para una vasta mayoría de funcionarios públicos que cumplen con eficacia su vocación de servicio.

El empleo público chileno no puede seguir viviendo de parches para solucionar lo que no se ve bien y seguir postergando una reforma integral con cambios legales e institucionales.

Entre las reformas legales cabe destacar la creación de un nuevo y único modelo contractual-legal, cuyos sueldos deben tener categorías que permitan su comparación con cargos similares en la administración pública y, desde luego, en sintonía con las remuneraciones equivalentes en el sector privado.

Este nuevo modelo debe mantener la idea de carrera funcionaria permanente, pero sin los privilegios actuales de los cargos de planta, con ingreso en la base con concursos públicos abiertos y transparentes. Promoción interna con estricta definición de las competencias y méritos para el cargo y apertura a otros servicios públicos en los concursos.

Mecanismos objetivos y transparentes para declarar desierto un concurso y abrir un nuevo proceso que convoque a profesionales del sector privado. Evaluación del desempeño con un sistema de calificación individual con criterios comunes a todos los servicios y modificación de las actuales comisiones de calificación con integrantes externos.

Capacitación orientada a mejorar las competencias laborales en el puesto de trabajo con evaluaciones periódicas de su impacto. Se establece un sistema de seguros de desempleo para las desvinculaciones.

El Servicio Civil sería un organismo público con autonomía, con el apoyo de un Consejo sobre Gestión de las Personas en el Estado que asesora y monitorea su trabajo y toma decisiones vinculantes.

Una Comisión de Expertos con la participación de universidades, centros de estudios y representantes de asociaciones de funcionarios contribuye a elaborar la política pública que dé forma al proyecto de ley. El manejo de la transición es un aspecto crucial para el éxito de la nueva estrategia. El más importante son los procesos de contratación y desvinculación de los cargos a contrata. Desde luego, debe desecharse esta “ley de amarre” y mantener la tradición de que el Presidente de la República instruye a los servicios a actuar con responsabilidad al momento de renovar/despedir a las contratas.

Solo se requiere de voluntad política y capacidad de diálogo con las asociaciones de funcionarios y legisladores para concordar un gran acuerdo nacional sobre gestión de las personas en el Estado chileno.

Carlos Williamson
CLAPES UC Exdirector del Servicio Civil 2010-2013