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RenovarEditorial
Jueves 25 de diciembre de 2025
¿Qué hay tras el “amarre”?
Incluso si es rechazado por el Congreso, este acuerdo le heredará otro problema complejo y conflictivo al próximo gobierno.
Si bien el protocolo de acuerdo para el reajuste del sector público suscrito entre el Gobierno y gremios de ese sector se inscribe dentro de una práctica ya largamente instalada de alzas salariales y bonos diversos, en esta oportunidad el texto incluye elementos que han generado controversia y que hablan de un nuevo retroceso de institucional, en las postrimerías de la administración Boric.
Son varios los puntos cuestionados, incluido un reajuste de remuneraciones inconsistente con la realidad del país, pero la atención se ha centrado en el numeral 14, que representa una modificación profunda, inesperada e injustificada de las condiciones laborales dentro del Estado. En esencia, establece que la no renovación de “contratas” —personas contratadas bajo una modalidad de vinculación laboral de carácter intrínsecamente transitorio—, o su renovación en condiciones distintas, en ministerios, servicios públicos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades solo podrá realizarse mediante un acto administrativo debidamente fundado, basado en hechos verificables y criterios objetivos, sin que baste invocar genéricamente “necesidades del servicio”. Esto, por supuesto, contradice la naturaleza misma de este tipo de empleos. Adicionalmente, los funcionarios con dos o más años de servicio continuo que no sean renovados podrán reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría. Si no se cumplen las exigencias de fundamentación y procedimiento, la no renovación quedará sin efecto, debiendo reincorporarse al funcionario y pagarse íntegramente las remuneraciones del período de separación. Por lo mismo, en el debate público, se ha denominado a esta fórmula como un “amarre”.
Desde un punto de vista técnico, esta disposición avanza en la dirección exactamente opuesta a lo que el Estado de Chile hoy necesita. Existe, en efecto, consenso sobre la necesidad de modernizar el empleo público, apuntando a la capacidad de reasignar recursos, flexibilidad organizacional y herramientas para adaptar el capital humano a funciones cambiantes. En lugar de eso, se propone aquí restringir aún más los escasos espacios de flexibilidad existentes. Y a ello se añade el conflicto que le significará a la siguiente administración encontrar a funcionarios contratados, en teoría, “transitoriamente”, pero sin posibilidad, en los hechos, de removerlos. Todo esto, luego de un período en que el empleo público ha crecido significativamente.
Pero no son esos los únicos puntos cuestionables del protocolo. Este también incluye una nueva extensión de teletrabajo, reajustes a los múltiples bonos y una peculiar norma para regular a quienes presten asesorías directas en los gabinetes del Presidente, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremis y jefes superiores de servicios, imponiéndole así nuevas restricciones a la próxima administración.
Desde el punto de vista fiscal, se estima que el impacto directo del reajuste superaría los US$ 1.500 millones, cifra que debería abultar aún más el déficit fiscal que enfrentará el gobierno del Presidente electo Kast. En cuanto al costo económico del “amarre”, no se ha cuantificado, pero la ineficiencia en la asignación de recursos humanos puede ser extremadamente onerosa para el Estado.
Por sus contenidos, el protocolo ha recibido críticas incluso de sectores oficialistas, lo que torna incierta su aprobación por el Congreso. Sin embargo, independientemente del resultado, es claro que el texto le genera un problema complejo al próximo gobierno. De ser aprobado, la nueva administración se verá limitada en su capacidad de gestión y obligada a proponer reformas para cortar los “amarres”; ello, predeciblemente, la pondrá en conflicto con los gremios del sector público, ideológicamente cercanos a la izquierda, que podrán usar el tema para promover movilizaciones. Por otra parte, de ser rechazado el proyecto, la presión gremial será probablemente también trasladada a marzo.
En cualquier caso, una iniciativa de estas características, que busca revertir a última hora criterios jurídicos sostenidos por la Contraloría y los tribunales, constituye otra señal de un deterioro institucional del cual el actual gobierno tiene, en este caso, responsabilidad absoluta.
Son varios los puntos cuestionados, incluido un reajuste de remuneraciones inconsistente con la realidad del país, pero la atención se ha centrado en el numeral 14, que representa una modificación profunda, inesperada e injustificada de las condiciones laborales dentro del Estado. En esencia, establece que la no renovación de “contratas” —personas contratadas bajo una modalidad de vinculación laboral de carácter intrínsecamente transitorio—, o su renovación en condiciones distintas, en ministerios, servicios públicos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades solo podrá realizarse mediante un acto administrativo debidamente fundado, basado en hechos verificables y criterios objetivos, sin que baste invocar genéricamente “necesidades del servicio”. Esto, por supuesto, contradice la naturaleza misma de este tipo de empleos. Adicionalmente, los funcionarios con dos o más años de servicio continuo que no sean renovados podrán reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría. Si no se cumplen las exigencias de fundamentación y procedimiento, la no renovación quedará sin efecto, debiendo reincorporarse al funcionario y pagarse íntegramente las remuneraciones del período de separación. Por lo mismo, en el debate público, se ha denominado a esta fórmula como un “amarre”.
Desde un punto de vista técnico, esta disposición avanza en la dirección exactamente opuesta a lo que el Estado de Chile hoy necesita. Existe, en efecto, consenso sobre la necesidad de modernizar el empleo público, apuntando a la capacidad de reasignar recursos, flexibilidad organizacional y herramientas para adaptar el capital humano a funciones cambiantes. En lugar de eso, se propone aquí restringir aún más los escasos espacios de flexibilidad existentes. Y a ello se añade el conflicto que le significará a la siguiente administración encontrar a funcionarios contratados, en teoría, “transitoriamente”, pero sin posibilidad, en los hechos, de removerlos. Todo esto, luego de un período en que el empleo público ha crecido significativamente.
Pero no son esos los únicos puntos cuestionables del protocolo. Este también incluye una nueva extensión de teletrabajo, reajustes a los múltiples bonos y una peculiar norma para regular a quienes presten asesorías directas en los gabinetes del Presidente, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremis y jefes superiores de servicios, imponiéndole así nuevas restricciones a la próxima administración.
Desde el punto de vista fiscal, se estima que el impacto directo del reajuste superaría los US$ 1.500 millones, cifra que debería abultar aún más el déficit fiscal que enfrentará el gobierno del Presidente electo Kast. En cuanto al costo económico del “amarre”, no se ha cuantificado, pero la ineficiencia en la asignación de recursos humanos puede ser extremadamente onerosa para el Estado.
Por sus contenidos, el protocolo ha recibido críticas incluso de sectores oficialistas, lo que torna incierta su aprobación por el Congreso. Sin embargo, independientemente del resultado, es claro que el texto le genera un problema complejo al próximo gobierno. De ser aprobado, la nueva administración se verá limitada en su capacidad de gestión y obligada a proponer reformas para cortar los “amarres”; ello, predeciblemente, la pondrá en conflicto con los gremios del sector público, ideológicamente cercanos a la izquierda, que podrán usar el tema para promover movilizaciones. Por otra parte, de ser rechazado el proyecto, la presión gremial será probablemente también trasladada a marzo.
En cualquier caso, una iniciativa de estas características, que busca revertir a última hora criterios jurídicos sostenidos por la Contraloría y los tribunales, constituye otra señal de un deterioro institucional del cual el actual gobierno tiene, en este caso, responsabilidad absoluta.
