Después de cada elección, en Chile reaparece la idea de regular las encuestas. Esta vez no es la excepción. Un nuevo proyecto, presentado en el Congreso por el senador Bianchi, busca ordenar una actividad que, según su autor, opera con escasa transparencia y efectos performativos sobre la opinión pública.

Es cierto que las encuestas inciden en las campañas, generan expectativas y a veces se usan estratégicamente por los comandos. Pero el remedio que propone este proyecto es aberrante y, de aprobarse, produciría mucho más daño de lo que corrige.

El punto más delicado es que instala, de facto, un sistema de censura previa. Toda encuesta debería ser “depositada” en el Servel con 48 horas de anticipación y no podría difundirse sin un código de verificación. Peor aún, el Servicio podría suspender su publicación si estima que existen “deficiencias metodológicas graves”. Es la primera vez que un organismo estatal tendría poder para decidir qué encuestas son “válidas” y cuáles no. La tentación política de intervenir ese criterio es evidente, más en contextos polarizados.

Además, el proyecto desconoce la práctica real de la investigación social. Las metodologías no son uniformes: hay encuestas probabilísticas, paneles online, estudios experimentales, análisis de tendencias digitales, técnicas cualitativas. Imponer un estándar único desde el Estado no solo inhibe la innovación, sino que entrega a la autoridad la atribución de definir qué es “buena ciencia”, en un campo donde existen enfoques diversos y legítimos.

Hay también un problema práctico evidente: el proyecto es inaplicable en redes sociales. ¿Cómo evitar que miles de cuentas anónimas o portales extranjeros difundan resultados no registrados? Aun si los medios formales como diarios, radios y televisión cumplieran, el flujo de información digital es incontrolable. Se corre el riesgo de que desaparezcan las encuestas profesionales —las que sí tienen metodología y responsabilidad pública— mientras proliferan las informales, sin control ni autoría clara.

A esto se suma la sobrecarga al Servel. Evaluar cuestionarios, ponderaciones, márgenes de error y tasas de respuesta exige equipos especializados, tiempo y recursos. La moción Bianchi, sin embargo, asegura que “no generará gasto fiscal”. Es una contradicción evidente: o la revisión es superficial, o simplemente no se hará.

La transparencia es indispensable. Publicar quién es el mandante, la metodología completa, el cuestionario, es sano para la democracia. Pero atención: transparencia no es control previo. En vez de fortalecer la información disponible, el proyecto amenaza con restringirla, instalando incertidumbre en los medios, inhibiendo a universidades, centros de estudios y consultoras que ejercen esta actividad, abriendo una peligrosa puerta a la intervención política.

Regular mejor las encuestas es quizás una tarea necesaria. Pero hacerlo así, poniendo al Estado como árbitro metodológico y guardián de la publicación, debilita seriamente la libertad de información y empobrece el debate público. Confío en que, ya pasada la fiebre electoral, nuestros legisladores no aprobarán tamaño despropósito.

Roberto Méndez