En un operativo realizado por el Ministerio Público y la PDI, el pasado martes, se detuvo a casi 70 personas que formaban una red de corrupción que operaba en siete penales del país, con un foco especial en Santiago 1. De esta red, un número de 47 imputados corresponde a gendarmes que supuestamente recibían dinero por permitir el ingreso de visitas indocumentadas, además de sobornos por realizar traslados a módulos preferenciales, protección de internos y tráfico de celulares, alcohol y drogas. Es la demostración más clara de la penetración del crimen organizado en esta organización estatal. Adicionalmente, constituye una evidencia contundente de la forma en que se coordinan actividades delictuales desde el interior de los centros de detención. Muestra, además, cómo el control que tiene el Estado sobre las cárceles, contrariamente a lo que sostenían las autoridades hasta hace algún tiempo, es muy limitado. La experiencia latinoamericana y también de otras latitudes es un ejemplo de cómo el crimen organizado es capaz de tomar ese control en algunos recintos penitenciarios, en connivencia, habitualmente, con funcionarios que cumplen labores allí.

La investigación detectó movimientos en dinero de al menos 6 mil 300 millones de pesos, en tres años. Ello es un indicio indirecto del enorme poder que concentran estas redes. La política carcelaria constituye un eslabón clave en cualquier estrategia de contención de la criminalidad, pero se está revelando que, en medio de la crisis de seguridad pública que vive el país, ese eslabón es en Chile uno de los más débiles. Hay acuerdo en que se deben construir más cárceles y en que la población penal se debe segmentar de acuerdo con su peligrosidad. También, en la importancia que tienen las políticas de rehabilitación en los delincuentes primerizos o más jóvenes, pero las políticas carcelarias son mucho más comprensivas que eso. Elementos centrales son la organización y gobernanza de las instituciones responsables, la supervisión de los equipos, el carácter de las instalaciones penitenciarias, su política de personas y las normas que regulan la vida de quienes están privados de libertad. En estos ejes no hay avances o a lo más son modestos. Esta red de corrupción revela que el riesgo de captura de todo el sistema carcelario no solo existe, sino que está tocando sus puertas. Se requiere, por tanto, actuar con urgencia para asegurar otros estándares de funcionamiento.

Se ha planteado una reforma para trasladar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad. Puede ser una idea razonable para lograr una mayor coordinación de todas las agencias del Ejecutivo involucradas en el control de la delincuencia. Sin embargo, no deja de ser curioso que, después de todo el tiempo que tomó la discusión del Ministerio de Seguridad, no se considerase seriamente esta posibilidad antes. Por lo demás, el problema es mucho más profundo que elegir el ministerio del cual debe depender dicho servicio. Se requiere repensarlo y reformarlo con seriedad, acudiendo a la experiencia comparada y al juicio de expertos.