Luego de un largo período de mediocridad económica, el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre del Banco Central entrega algunas cifras alentadoras. El texto no da cuenta de una recuperación importante —para eso el país requiere una agenda ambiciosa de reformas que fomenten la competencia y la actividad privada—, pero sí da luces del camino a seguir para retomar una senda de progreso.

Un primer punto que destaca es el retroceso en la inflación, más rápido de lo previsto: la variación anual a diciembre pasó desde un 4% a 3,6% respecto del IPoM anterior. De esta forma, se encamina a converger a la meta de 3% durante el primer trimestre de 2026. Esta es una noticia positiva, que demuestra la importancia de un Banco Central independiente. Por su parte, las expectativas inflacionarias, tanto a uno como a dos años, siguen alineadas con el objetivo de política, reforzando la credibilidad del marco monetario y confirmando que la espiral inflacionaria producida luego de la pandemia está quedando atrás.

Este resultado se alcanzaría pese a un entorno internacional aún cargado de riesgos: tensiones geopolíticas persistentes, una política fiscal expansiva en economías desarrolladas, dudas sobre la valorización de activos financieros y un auge tecnológico —liderado por la inteligencia artificial— que ha elevado la volatilidad de los mercados. En el plano local, el crecimiento del gasto público y el encarecimiento de la mano de obra por cambios legislativos tampoco han contribuido. Sí lo han hecho el actuar del Central, sumado a mejores términos de intercambio y un peso más apreciado.

Respecto de la evolución de la actividad, el informe es cauto. El crecimiento del PIB se contrajo 0,1% trimestre contra trimestre (desestacionalizado): mermas en la producción y menores leyes mineras lo explicarían. Así, para 2025, se estima una expansión en torno a 2,4%, con lo que el crecimiento promedio de la administración Boric cerraría en un magro 1,93%.

El rango para 2026 muestra una leve mejoría, pasando desde 1,75-2% en el informe del trimestre anterior, hasta 2-3% ahora. Luego, la economía convergería a tasas cercanas a su crecimiento tendencial (2%). No es un escenario recesivo, pero tampoco uno capaz de revertir el prolongado estancamiento de los ingresos ni de cerrar las brechas sociales acumuladas durante la última década. El desafío para la administración del Presidente electo, José Antonio Kast, será elevar ese crecimiento tendencial.

Para ello, la evolución de la inversión puede ser un motor. Durante los últimos trimestres, probablemente alentada por las encuestas que anticiparon el resultado electoral, la formación bruta de capital fijo ha mostrado una dinámica positiva. Para 2025, se estima crecerá 7% (la estimación anterior era 5,5%). La inversión en maquinaria y equipos explica parte del mayor dinamismo, impulsada principalmente por proyectos mineros y energéticos, mientras la construcción y otras obras continúan rezagadas.

En 2026 la cifra alcanzaría un 4,9%. Es un piso interesante, que puede elevarse si el próximo gobierno logra avanzar rápidamente con una agenda de ajustes inmediatos en materias sensibles para los inversionistas y que sea viable en un Congreso sin mayoría.

Los límites de la política monetaria

El consumo privado, por su parte, se expande a un ritmo más moderado: 2,7% en 2025 (sin variación respecto de la estimación previa); 2,5% en 2026 (alza de 0,2 puntos porcentuales), y 2,1% en 2027 (sin variación). Esto es consistente con un mercado laboral que no ha logrado recuperarse.

En este punto, conviene subrayar un mensaje implícito en el IPoM: la política monetaria está haciendo su trabajo, pero no puede —ni debe— cargar con responsabilidades que exceden su mandato. Mientras los próximos movimientos de la Tasa de Política Monetaria dependerán de la evolución del escenario macroeconómico y de la convergencia inflacionaria, revertir debilidades estructurales que traban el crecimiento dependerá del liderazgo que muestre el próximo gobierno.

En efecto, con una inflación controlada, expectativas ancladas y condiciones financieras algo más favorables, el desafío vuelve a ser el de siempre: inversión, productividad y reglas del juego claras. El propio IPoM sugiere que la mejoría en las perspectivas de inversión descansa, en buena medida, en factores externos —precio del cobre, condiciones financieras globales— y en un conjunto acotado de sectores. Por lo tanto, si bien las expectativas de cambio de gobierno pueden haber contribuido a un mejor dato puntual, sin un entorno regulatorio claro y moderno, un marco fiscal creíble y señales consistentes que reduzcan la incertidumbre, ese impulso difícilmente se volverá transversal y sostenible.

Hay, además, una advertencia relevante en el análisis de riesgos. El Central subraya la posibilidad de una reversión abrupta de las condiciones financieras internacionales, ya sea por una corrección en los activos tecnológicos asociados a la inteligencia artificial, un deterioro fiscal más marcado en economías desarrolladas o una escalada de tensiones geopolíticas. En un país pequeño y abierto como Chile, estos escenarios no son abstractos: tienen efectos directos sobre el tipo de cambio, el costo del financiamiento y, por lo tanto, sobre la inflación y la inversión. Los equipos del futuro gobierno deben estar atentos a esta evolución.

Con todo, el IPoM de diciembre ofrece una interesante fotografía del momento. Chile ha recuperado el control de la inflación y reafirmado la solidez de su institucionalidad monetaria, pero confundir ese logro con un retorno a la ruta del progreso sería un error.