Donald Trump ha escalado un paso más la crisis con Venezuela, al anunciar un “bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados” que transporten crudo venezolano, una medida que pone más presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y golpea duramente su economía. Así, el Presidente norteamericano demuestra que seguirá endureciendo la política hacia Caracas mientras el dictador Maduro siga en el poder. Las negociaciones para una entrega del mando no parecen dar resultado, y es difícil descartar una intervención militar norteamericana —con los peligros que esta conlleva— para forzar un cambio de régimen. En aparente preparación de una operación futura, EE.UU. definió hace algún tiempo como organización terrorista internacional al Cartel de los Soles, la banda de narcotráfico que, según Washington, integrarían los altos mandos venezolanos, incluido Maduro. Pero Trump también afirmó esta semana que Venezuela debe pagar por los activos, tierras e inversiones norteamericanas expropiados durante el chavismo, un argumento que agrega confusión y crea suspicacias sobre sus intenciones. De eso ya se ha valido el régimen para denunciar que lo que en verdad impulsa a Estados Unidos no son los principios democráticos ni la lucha contra el narco, sino el control de las riquezas del país.

La reciente captura, en un operativo de la guardia costera estadounidense, de un carguero sancionado se interpreta como un aviso de la nueva estrategia de Trump. El operativo fue rechazado con vehemencia tanto por Caracas (que lo calificó de “piratería”) como por sus aliados rusos e iraníes, que usan habitualmente buques de la llamada “flota fantasma” para transportar crudo principalmente hacia China, cuya cancillería condenó públicamente la acción de EE.UU. El derecho marítimo, recogido en la Convención del Mar —la que ni Venezuela ni EE.UU. han ratificado—, permite el abordaje de naves en alta mar sospechosas de estar involucradas en delitos como piratería, tráfico de personas o transmisiones de radio no autorizadas, y cuando estas no tienen bandera o tienen falsos registros de un país. Ese sería el caso del “Skipper”, el petrolero abordado por los guardacostas, con bandera de Guyana, registro que fuera desmentido por las autoridades de esa nación. El “Skipper” habría cargado crudo venezolano para llevar a Cuba, pero después transbordó parte de la carga a un barco que se dirigiría a la isla y habría estado enfilando hacia China cuando fue incautado, según la información satelital.

Este incidente alertó a otros buques “fantasmas” que se dirigían a Venezuela y dieron media vuelta en el océano para evitar encontrarse con las fuerzas norteamericanas. Se estima que el 40 por ciento de los cerca de 80 petroleros que usa Caracas para exportar su crudo esquivando las sanciones internacionales están a su vez sancionados por EE.UU. por no tener registros legítimos, o son vigilados porque desactivan sus sistemas de rastreo. Por lo mismo, este bloqueo puede ser mucho más eficaz como presión que, por ejemplo, los ataques a supuestas lanchas narco. Frente a ello, Caracas informó que su marina escoltaría a los petroleros; sin embargo, solo se refería a los barcos no sancionados, una medida más bien propagandística, que no tendría consecuencias mayores si lo hacen dentro de sus aguas territoriales.

Con todo, es alarmante el nivel de tensión en el Caribe, con Trump decidido a terminar con el gobierno de Maduro —así al menos lo reconoció su jefa de gabinete en una inusual entrevista—, y con toda la región en alerta porque la crisis puede derivar en un conflicto que tendría repercusiones más allá de las fronteras venezolanas.