Se acerca el fin de la administración Boric, pero esto no parece detener el ímpetu transformador —muchas veces, afortunadamente, infructuoso— en materias de alta sensibilidad. Es posible que la distancia con que el equipo económico del Presidente electo, José Antonio Kast, pareció mirar durante la campaña la discusión presupuestaria haya sido interpretada por el Gobierno como oportunidad para no detener ni pausar su agenda.

Un ejemplo de esa insistencia ha sido el FES, el proyecto que apunta a sustituir el sistema de financiamiento a la educación superior —particularmente en lo relativo al Crédito con Aval del Estado (CAE)— por uno en que se le brindaría al Estado un rol superlativo en ámbitos que afectan directamente a las instituciones educativas. Arbitrariedad en la determinación de los aranceles, restricciones a la libertad de gestión y fuertes dudas sobre la sustentabilidad financiera de la propuesta han marcado la discusión. Se agregan la falta de análisis respecto de incentivos de largo plazo que pueden afectar la calidad de la educación impartida y los problemas de justicia social y eficiencia propios de centrar el financiamiento en un impuesto al capital humano avanzado. Aunque ha introducido algunos cambios y expresado voluntad de diálogo, no se observa en el Ejecutivo intención de moderar el componente ideológico tras su proyecto.

También en materia de educación, pero ahora en los primeros años, el debate del proyecto de sala cuna universal ha obviado consideraciones relevantes, más allá de la necesidad evidente de reformar el sistema actual. Hay, en efecto, consenso técnico en cuanto a que la norma vigente, que impone la exigencia de ofrecer sala cuna a las empresas que tengan más de 20 trabajadoras, es equivocada y debe modificarse. Sin embargo, la imposición de un nuevo impuesto al empleo formal para financiar la sala cuna universal amerita discusión. Se argumenta que existiría una demanda latente de muchas mujeres que hoy no podrían conseguir trabajo. Sin embargo, este tipo de justificaciones para un impuesto al trabajo no solo deben estimar el impacto sobre el empleo, sino también advertir que programas como Chile Crece Contigo ya ofrecen acceso garantizado a sala cuna y jardín infantil al 60% de los hogares más vulnerables. En este contexto, debe ser una prioridad focalizar esfuerzos en mejorar la calidad y eficiencia de la amplia oferta pública entregada por Junji e Integra, sobre todo considerando que el número de menores de 5 años se ha reducido de forma significativa. La urgencia del Gobierno por dejar un “legado” no justifica caer en la lógica de entregar soluciones sencillas a problemas complejos, sin hacerse cargo de todas las aristas involucradas.

En materia laboral, la intención del Ejecutivo de avanzar con el proyecto de negociación ramal representa otro riesgo importante. El encarecimiento del empleo formal ya ha tenido un costo significativo para la población, reflejado en un desempleo que no ha bajado del 8% por 34 meses consecutivos. Distintos especialistas han identificado en la reducción de la jornada laboral, el aumento injustificado del salario mínimo, la judicialización de conflictos y otras normativas, las razones para que el mercado laboral chileno aún no recupere sus niveles prepandemia. Agregar a la lista un sistema de negociación inconsistente con las necesidades de una economía que requiere retomar la vitalidad, vendría a completar el negativo legado de la actual administración en este tema.

El reajuste al sector público es otra situación que recuerda el costo de años de relajo institucional en la modernización del Estado. El acuerdo suscrito entre el Gobierno y la mesa del sector público agrega nuevos motivos de preocupación. Y no solo respecto de su financiamiento, que no parece compatible con la estrechez de las arcas fiscales, sino también por la introducción de normas que rigidizarían aún más la situación de los funcionarios a contrata, en una suerte de “amarre” que —de prosperar— le generaría no pocos problemas al gobierno entrante. Frente a ello, el presidente del Partido Republicano, así como otras figuras de oposición, han levantado justificadas críticas. Y es que no cabe una actitud distante o pasiva frente a materias que tendrán implicancias directas sobre la próxima administración.