Señor Director:

Durante muchos años he escrito cartas a su diario sobre temas que he considerado de interés público. Esta vez escribo sobre un tema que me afecta en lo personal, por lo que pido disculpas anticipadas a los lectores.

El año 2003 estalló el llamado caso Inverlink, en que personeros de ese conglomerado se coludieron con empleados de la Corfo y se habrían apoderado de dineros de ella.

En enero de 2006, la Corfo demandó a diversas empresas e instituciones por, supuestamente, haber sacado “provecho del dolo ajeno” al rescatar sus propios fondos de Inverlink. Una de las empresas demandadas fue Inversiones Santa Cecilia Limitada, RUT: 78.108.610-k. Grande fue mi sorpresa, pues esa era una sociedad formada exclusivamente por mi señora y por mí, y nunca operó con Inverlink. Es más, dicha sociedad a la ocurrencia de los hechos llevaba más de tres años sin movimiento alguno, comprobable en el SII, y legalmente ya tampoco existe desde hace muchos años.

Naturalmente tuve que contratar abogados para contestar la demanda (anoto que esto ocurrió hace más de 19 años), solicité pericias a la auditora PWC, y al tribunal, que nombrara un perito judicial. Tanto a la empresa auditora como a la perito judicial, señora Marta Araya Saldívar, les abrí los libros de la sociedad, así como todas sus cuentas corrientes bancarias. PWC y la perito judicial ad-hoc nombrada por el tribunal emitieron sendos informes en que luego de semanas de acuciosa revisión concluyeron que la sociedad Inversiones Santa Cecilia Ltda. nunca había operado, ni tenido relación de ningún tipo, con Inverlink. Tampoco con sus sociedades relacionadas y filiales, ni menos con ningún personero relacionado ni directa ni indirectamente con ellos.

Hasta ahí pensé que esto era un mero trámite, pero vendría otra sorpresa. El perito nombrado a petición de Corfo, sin revisar los libros de la empresa ni sus cuentas corrientes, desde un escritorio y basado en un peritaje ramplón, elevó un escrito al juzgado diciendo que la sociedad había operado y retirado más de $5 mil millones desde Inverlink Corredores de Bolsa. Lo anterior, como se demostró, era completamente falso.

Como había varias empresas e instituciones demandadas, las causas se acumularon en una y, luego de más de nueve años, en 2015 las empresas e instituciones demandadas fueron condenadas, en primera instancia, a devolver a Corfo los dineros supuestamente retirados. Entre estas empresas se incluía a la sociedad que nunca había operado con Inverlink, por lo que mal podía haber retirado nada.

Apelamos a la Corte de Apelaciones, la que, luego de diez años adicionales de juicio, sentenció esta semana que “se revoca la condena de primera instancia respecto de Inversiones Santa Cecilia Ltda. y otros demandados”.

Exijo una explicación.

He debido soportar durante más de 19 años (y seis gobiernos) la incertidumbre de un juicio torcido, he tenido que desechar ofertas de integrar directorios de prestigiosas empresas, pues no me pareció correcto aceptarlas teniendo un juicio pendiente con el Estado, y así se los hice saber a quienes generosamente me hicieron las referidas ofertas.

Me pregunto si es razonable que, en un juicio de cualquier tipo, se pueda demandar a alguien que no participó en los hechos y así lo demostró desde el día uno. También me pregunto si es acaso tolerable que el Estado (Corfo) contrate abogados para hacer durar 19 años un juicio tan injusto y abusivo. Por último, pienso que la justicia así de lenta no es justicia. El daño que me han causado es enorme.

La palabra final la tiene el Poder Judicial, sobre todo pensando que Corfo y sus abogados pueden recurrir a la Corte Suprema.

Veo con esperanza que pronto asumirá una nueva presidenta de dicho órgano superior, quien ha demostrado apego a la ley y una rectitud a toda prueba. Chile lo necesita.

José Yuraszeck T