El relato instalado por el gobierno entrante, de la necesidad de un gobierno de emergencia, es un gran acierto en el escenario actual, pero me atrevo a decir que hay, además, una oportunidad única para también un gobierno transformacional, como el que de verdad Chile requiere.

Durante 40 años, el modelo capitalista en el que vivimos permitió que el PIB per cápita creciera a una tasa promedio de 4%. Dos generaciones tuvieron la oportunidad de transformar sus vidas y aspirar a mucho más que sus padres: educarse, acceder a mejor empleo, obtener una vivienda propia, entre otros. En resumen, disfrutaron de una vida más integral y soñaron con lo mejor para sus hijos y nietos. Sin embargo, algo cambió y llevamos 15 años a la deriva.

¿Será que este modelo se agotó? Creo que no. Durante los últimos 15 a 20 años hemos degradado y desmantelado este modelo, socavando sus bases: los derechos de propiedad, la libertad de elegir, la libertad de precios, la libre empresa y un Estado fuerte, pero con un poder limitado, facilitador de la actividad privada.

Con cada norma y fallo, se fue debilitando el derecho de propiedad, como en temas de concesiones, tomas de terrenos, derechos de los arrendatarios, libertades de precios, uso de suelo, etcétera. Vivimos en “reglamentitis extrema”, donde para poder hacer algo debe estar al alero de una ley y reglamento, hecho con buenas intenciones, pero donde todo debe ser aprobado o visado por algún funcionario, “resguardando” el bien común.

Lo anterior debilita fuertemente la libre empresa desde su génesis. Se habla de la calidad de los funcionarios públicos, pero el problema es más estructural e independiente del profesionalismo de los empleados estatales: una vez dado el poder, estos siempre tendrán el incentivo de evitar cometer errores y exponerse, y, por lo tanto, pedirán más certezas, o rechazarán, ya que es mucho menos riesgoso y con menor exposición que aprobar.

Se instaló la idea de que si no está regulado, no se puede emprender; el lucro y la rentabilidad son sospechosos, cuando constituyen el motor que atrae y moviliza recursos; se han comenzado a intervenir precios, como en el caso de las isapres y los aranceles universitarios; se ha desmantelado un sistema educacional que promovía la libertad de las familias y el dinamismo de propuestas educativas nuevas.

Además, se ha impuesto la lógica de que todo impacto debe mitigarse, sin tener en consideración que los impactos y las externalidades negativas son parte inherente del desarrollo. Si solo consideramos las negativas, le estamos negando a la sociedad todas las externalidades positivas que se desprenden de una actividad en particular, como, por ejemplo, el empleo y el desarrollo de know how de potentes industrias.

¿El Estado tiene un rol? Sí, por supuesto. Asegurar los bienes públicos, como seguridad; definir estándares y derechos que deben cautelarse, exigiendo, ojalá sin intervención previa; asegurar el respeto de estos, diseñando sanciones, fiscalizando y sancionando con firmeza, y llevando a juicio según corresponda; debe asegurar la existencia de sentido de autoridad y de un Estado de derecho pleno. Un Estado como el que visualizaba Locke en el siglo XVII, que sea además un facilitador del emprendimiento privado.

El modelo no se ha agotado, lo hemos ido desmantelando, anulando el poder de la libre empresa, del derecho de propiedad y de la destrucción creativa de Schumpeter, tan de moda nuevamente en estos días.

Es por esto que, con gran respeto, sugiero un gobierno de emergencia, pero con mentalidad transformacional. ¿De qué se trata? De un gobierno que invierta el orden y cambie el paradigma, donde el mantra y el mandato inicial sean deshacer y desarticular el poder que ha ganado el Estado durante años para limitar a las empresas y las personas; donde los nuevos ministros, más que con un plano para agregar, partan “con tijera en mano” para podar el poder discrecional e innecesario, liberando así las poderosas fuerzas de las empresas y las personas. Un Estado que cautele lo que la Constitución declara, donde todo lo “no prohibido” está permitido, y no necesariamente requiere norma, funcionario y permiso.

Creo que con convicción, habilidad política y coraje se puede avanzar mucho, pero hay que pensar de manera distinta. Muchas cosas se pueden hacer administrativamente, y otras con leyes simples, de artículo único y no por la vía de grandes reformas legales, que quedarán empantanadas por años. Por último, es indispensable que el gobierno refuerce sistemáticamente los derechos de propiedad donde se pueda, ya que son el motor y piedra angular del progreso. En resumen, una transformación que devuelva el poder a las personas y empresas para desplegar toda su creatividad y potencial.

Gobierno de emergencia, qué duda cabe, pero es imperioso un gobierno con espíritu transformacional. Si no se hace ahora, la historia no nos dará muchas oportunidades para reencaminar de verdad a nuestra querida patria hacia el desarrollo.

Antonio Büchi B.