Se han acumulado este año en la Cámara los ejemplos de irresponsabilidad legislativa. Aun sin llegar a los extremos registrados en los días del estallido y, luego, en la pandemia, el populismo ha seguido siendo un actor de alta presencia. Así quedó claro hace algunas semanas, cuando la sala aprobó —en votación general— el proyecto que elimina la multa por circular sin tag en vías concesionadas, poniendo en interrogante el futuro de las inversiones privadas en infraestructura. Antes, los diputados, por amplia mayoría, habían dado su aprobación y enviado al Senado el proyecto que establece el permiso laboral por fallecimiento de una mascota, o Ley Duque, en homenaje al perro de un conocido periodista de TV. La misma Cámara rechazó el año pasado, en cambio, legislar para declarar a los perros asilvestrados como especie exótica invasora, lo que hubiera dado a la autoridad alguna herramienta para enfrentar un problema que amenaza los ecosistemas y está costando vidas humanas.

Pero no acaban allí las muestras de irresponsabilidad. Dos proyectos de ley emblemáticos de esa misma actitud están ya despachados por las respectivas comisiones y esperando ser votados en sala. Uno es el que pretende prohibir el uso de la UF para contratos de arriendo, educación, salud y hasta para los créditos hipotecarios, cual si los congresistas estuvieran empeñados en seguir cerrando las posibilidades de acceso a la vivienda de los chilenos, ya fuertemente golpeadas por efecto de los retiros previsionales de 2020 y 2021. Durante la campaña presidencial, sus impulsores recibieron un guiño de la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien si bien no apoyó la idea en el caso de los hipotecarios, sí la respaldó para otros contratos.

El otro proyecto listo para ser visto por la sala —con informes favorables de las comisiones de Trabajo y Economía— es el que pretende alargar a casi un año el permiso posnatal para las madres y extender a un mes el permiso de cinco días que hoy reciben los padres por el nacimiento de un hijo. En este caso, cuando era ministra del Trabajo, Jara sí presentó objeciones, al hacer notar su inconstitucionalidad por ser materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero ello no fue óbice para que el texto avanzara, en una discusión que ha pasado por alto cualquier consideración sobre su impacto en el empleo y en las arcas fiscales (el beneficio es pagado por el Estado). A tal grado llega la irresponsabilidad, que el proyecto carece de informe financiero, de modo tal que se desconocen sus costos.

Cabría esperar que estas iniciativas, por el despropósito que involucran, terminen no prosperando, sea porque la sala las rechace o porque, en medio de la intensa agenda previa al término de la legislatura, su discusión vaya quedando relegada. La experiencia de los últimos años, sin embargo, muestra que esa no es una apuesta segura y que, como pasó con los retiros, ideas que pugnan con la lógica más elemental pueden encontrar una coyuntura propicia. Frente a ello, la única verdadera barrera es el sentido de responsabilidad de los legisladores. Ese que, según sugieren estos casos, ha tendido peligrosamente a diluirse en este período y solo cabe desear que en algo pueda recuperarse con la llegada de nuevos congresistas, en marzo próximo.