Señor Director:

Ante las afirmaciones realizadas en el pasado debate presidencial, considero necesario aclarar un punto esencial, estrictamente jurídico y de interés público.

El juicio de tutela laboral interpuesto por mi persona contra el fisco, al que se ha hecho referencia, no tuvo por objeto acreditar, descartar ni valorar acusaciones de acoso de ningún tipo. La tutela laboral evalúa exclusivamente si, en el marco de una relación laboral, el empleador vulneró derechos fundamentales del trabajador. Ese es su alcance legal y no otro.

En dicho proceso, el tribunal resolvió que el Estado no vulneró mis garantías, principalmente porque estimó que las expresiones realizadas en mi contra por una autoridad de gobierno correspondieron a respuestas a consultas periodísticas y no a actos del empleador. Esa fue la razón esencial por la que se rechazó la acción.

En consecuencia, no es efectivo que el Estado haya “ganado” el juicio porque los hechos fueran “fundados y reales”, como se ha afirmado públicamente. El fallo no contiene ni podía contener una declaración de ese tipo, ya que la tutela laboral no tiene competencia para determinar la veracidad de denuncias ni para pronunciarse sobre los hechos imputados. Atribuirle ese sentido es una interpretación política, no jurídica.

No entraré en descalificaciones personales ni políticas. Sí considero indispensable que, especialmente cuando se hace referencia a procedimientos judiciales o administrativos, la información se presente con precisión y respeto por las instituciones. Mi compromiso sigue siendo actuar con transparencia y recurrir siempre a los espacios institucionales donde estos temas deben discutirse y resolverse.

Christian Larrain
Exsubsecretario de Previsión Socia