La comisión de Gobierno del Senado aprobó la llamada reforma complementaria al proyecto de reforma política que antes acordara un grupo transversal de senadores. Este proyecto “complementario” fue presentado por el Ejecutivo en junio, mientras observaba con escepticismo la iniciativa de los congresistas. Se ha planteado que promovería la gobernabilidad y representatividad, pero tal denominación parece exagerada, pese a sus aspectos positivos. Entre estos, se cuenta establecer mayores requisitos para constituir partidos y acceder a financiamiento público. Además, se fijan exigencias más altas para los candidatos independientes, en el entendido de que el buen funcionamiento de la democracia representativa depende crucialmente de la existencia de colectividades fuertes. En sus listas, estas no podrán tener más de un 50 por ciento de independientes. Se elevan, al mismo tiempo, los requisitos para ser candidato presidencial independiente, exigiéndose las firmas de un 0,5% del padrón electoral (y no de los votantes de la última elección) y debiendo alcanzarse ese porcentaje en al menos ocho regiones. Estas medidas pueden impactar la fragmentación, pero de modo modesto, sin proporción respecto del daño que el fenómeno está produciendo en nuestro sistema político.

En este sentido, más interesante es la iniciativa promovida por los senadores, la que establece un umbral del 5% para mantenerse como partido y acceder a escaños en el Congreso. Hay otras alternativas para reducir la fragmentación; por ejemplo, prohibir los pactos, reducir el número de elegidos por distrito o avanzar hacia un sistema electoral mayoritario. Sin embargo, la única fórmula que hoy genera acuerdo es esta. Se la cuestiona por el riesgo de que candidatos que obtengan la votación mayoritaria en un distrito queden fuera del Congreso, pero ello es un incentivo poderoso para tener menos partidos, con lo que dicho riesgo prácticamente desaparece. Y es que nuevas reglas inducirán comportamientos distintos por parte de los candidatos.

Este proyecto también dispone la pérdida del escaño para los parlamentarios que renuncien al partido que les permitió llegar al Congreso. Es una sanción dura, pero que reconoce el papel irreemplazable de los partidos en la selección de candidatos y en la estabilidad de la democracia. Además, si las colectividades no tienen posibilidad de defenderse de comportamientos oportunistas, quedan irremediablemente debilitadas. Sería muy valioso para el futuro de la política que se avance también en esta iniciativa, la cual debería regir a partir de la siguiente elección: no sería razonable aplicarla a quienes acaban de ser electos bajo otras reglas. Ello debe explicitarse.

Es posible que ambas reformas no sean las ideales, pero su aprobación permitiría una reflexión que puede generar nuevos acuerdos para seguir perfeccionando nuestro sistema político.