Pocas veces ha sido tan trascendente la elección de quien ocupará el cargo de presidente de la Corte Suprema por los próximos dos años. Es cierto que este cargo unipersonal tiene atribuciones limitadas y que la decisión de todos los asuntos importantes corresponde al Pleno, pero el liderazgo interno del presidente y su imagen pública resultan cruciales en momentos de crisis. Y aunque algunos internamente parecen no advertirlo, la Judicatura se encuentra sumida en una crisis de probidad, legitimidad y confianza sin precedentes. Los hechos conocidos hasta ahora en las investigaciones penales y en los procesos de acusación constitucional dan cuenta de que miembros de los tribunales superiores vendían fallos y nombramientos en cargos lucrativos, y ejercían influencias ilegítimas para beneficiarse o beneficiar a sus cercanos.

La gravedad de la situación exige proceder con cuidado, evitar la caza de brujas y procurar alcanzar los mayores consensos. Pero ninguna cautela puede justificar la indulgencia con los delitos y las malas prácticas, ni la inacción o la acción precipitada e irreflexiva para dar con las fórmulas legislativas y reglamentarias que permitan desterrar los focos de corrupción. En lo que respecta a la comisión de delitos, urge poner fin a la opacidad con que se manejan hasta el día de hoy los mensajes y comunicaciones asociados al caso Audio, cuya posesión y filtración selectiva sigue corrompiendo tanto a la Justicia como a la Fiscalía.

Se ha dicho que las dos candidatas al cargo de presidente de la Corte tienen perfiles muy diferentes. La ministra Gloria Ana Chevesich, a quien correspondería la designación por antigüedad, tiene un perfil más estricto, ha sido particularmente rigurosa en todos los casos de corrupción o mal comportamiento que han salido a la luz y nadie discute sus capacidades técnicas. Sin embargo, se ha dicho que poseería menos habilidades de conducción y tendría cierta tendencia a la rigidez, lo que le dificultaría ejercer un liderazgo aglutinador. Este aspecto sería la fortaleza de la otra candidata, la ministra María Angélica Repetto, quien es respetada tanto por su perfil profesional como por su capacidad de diálogo y de promover consensos. Ella votó en contra de la remoción el exministro Antonio Ulloa, quien tuvo que ser destituido por el Congreso, e incluso aparece mencionada por el notario de San Miguel en una conversación con Sergio Yáber, donde aquel le indica que un grupo cercano a Ulloa estaría promoviendo su elección como presidenta.

Aunque la elección a realizarse mañana en la Corte es internamente difícil y sin duda cualquiera de las candidatas tiene las capacidades y condiciones para ejercer el cargo, desde el punto de vista de la ciudadanía parece completamente obvio que la presidencia debe recaer en quien con mayor claridad y decisión se haya manifestado en contra de las situaciones de abuso y corrupción. Ir contra la costumbre y saltarse cinco antigüedades para designar a alguien que, por razones que desde afuera no es posible calificar del todo, ha dado señales equívocas en una materia tan delicada y candente, resultaría incomprensible y podría profundizar aun más la desconfianza ciudadana.