Ya terminó la campaña presidencial y nuevamente la minería estuvo ausente del debate.

Somos uno de los países en que la gran minería privada tiene una de las mayores tasas de tributación total en el mundo, y ello hace a Chile menos atractivo para la inversión. Aun cuando la minería todavía lidera la inversión nacional, con ello no basta, pues si bien tenemos la mayor cartera de proyectos nuevos y expansiones del mundo, los proyectos nacionales tienen costos superiores a los de nuestros principales competidores, y la producción de cobre no aumentó en los últimos 21 años.

El primer objetivo de la minería en cualquier parte del mundo es construir riqueza para la sociedad en el presente para mejorar la calidad de vida de las personas ahora.

Esto se logra con mayor inversión, mayor producción y mayor empleo de alta calidad. Ello genera mayores impuestos sin necesidad de subir las tasas. La mayoría de los proyectos mineros chilenos futuros tienen menor ley de cobre que el promedio del resto del mundo, y por ello necesitan incentivos para escalar. Esto podría lograrse bajando el impuesto corporativo de primera categoría, reduciendo los tiempos de aprobación de permisos, y protegiendo a los inversionistas de los gustos políticos del momento.

El segundo gran objetivo de la minería es asegurar el porvenir de las comunas mineras, en el caso de que la extracción de recursos se vaya extinguiendo. No es que el cobre se pueda terminar, eso no es posible, ya que este metal no puede ser destruido; solo puede ser trasladado. El cobre físico de la corteza terrestre no se va a terminar, solo el cobre económicamente extraíble se puede terminar frente a sustitutos mejores y más baratos.

Robert Sollow, premio nobel de economía 1987, escribió en 1993 que para lograr sostenibilidad hay que transformar los recursos extraídos del suelo en capital humano, social, ambiental y físico asegurando “una capacidad generalizada de generar bienestar económico” para las futuras generaciones del país.

Tradujo a la economía las métricas para medir crecimiento económico en el largo plazo, especialmente por su modelo que explica dicho crecimiento a través del rol de la tecnología y de la innovación.

Según la Contraloría y la Subdere, debido a la Ley de Royalty de 2023, se asignaron cerca de 100 millones de dólares en total a 307 comunas del país en 2024, fondos que aumentan los recursos propios de las municipalidades en un máximo de 10%. Es insuficiente para construir sostenibilidad.

Un 24,45% de estos fondos se asignó a comunas mineras y el resto a comunas de bajos ingresos. Debido a que son fondos de libre disposición, en dichas comunas se destinó un 23% a servicios de consumo, 11% a transferencias corrientes y 11% a activos no financieros, con métodos de asignación que fueron objetados por el Consejo para la Transparencia. En resumen, pareciera que los fondos se utilizaron en urgencias discrecionales, en vez de construir un futuro sustentable.

Por ello hay que modificar la Ley de Royalty, para que sus aportes a comunas mineras sea mayor, que creen tecnología, innovación, construcción de capital humano y social, y mayor protección del medio ambiente y la salud. Serían estas comunas las que en un eventual futuro no dependan de la producción minera, sino de otras capacidades que hayan creado con anterioridad.

Mientras un sector importante del país siga pensando que la minería no requiere políticas públicas que incentiven la inversión y la construcción de capital alternativo, la minería no podrá rendir al máximo, y por ende el país seguirá desperdiciando su mayor oportunidad de desarrollo.

Gustavo Lagos
Profesor UC
Marcos Singer
Director MBA, UC