La evidencia disponible sugiere que en la última década las tomas ilegales se han ido expandiendo significativamente. La crisis de octubre de 2019 y la pandemia del año posterior las aceleraron, porque las fuerzas policiales no pudieron reaccionar con los tiempos requeridos para evitar su consolidación. En años posteriores ha habido una moderación, pero no han decrecido. En la actualidad, se estima que son más de 200 mil personas las que habitan en estos asentamientos (Atisba), cubriendo una superficie que podría alcanzar hasta las 2 mil 500 hectáreas. Un poco más de la mitad ocuparían terrenos privados mientras que el resto se desarrollaría en suelos públicos. Este es un punto interesante, porque los detractores de desalojar suelen mencionar, entre otras razones, que hay muchos terrenos cuyos dueños están especulando y se niegan a venderlos, provocando una crisis en la disponibilidad de suelos y, por tanto, en las soluciones habitacionales. Esta distribución de las tomas cuestiona ese argumento simplista.

Otros antecedentes indican que poco más de tres cuartas partes de las ocupaciones serían promovidas por organizaciones ilegales (GPS Property). En estas circunstancias, tiene poca presentación ampararlas; enfrentarlas con decisión parece, por consiguiente, lo indispensable. La población comparte este enfoque: un 84 por ciento está en contra de ellas y un 59 por ciento cree que corresponde desalojarlas (Panel Ciudadano UDD, septiembre 2025). En gran medida, esas respuestas responden a la percepción de que las tomas son instigadas por organizaciones criminales y que finalmente se traducen en soluciones que postergan a las personas —la mayoría— que usan los caminos regulares para acceder a los programas habitacionales del Estado. Más aún considerando —en un fenómeno que es más reciente en nuestro país— que algunas de estas tomas han sido llevadas adelante precisamente para articular y proteger organizaciones criminales de gran alcance.

El problema detrás del aumento de las ocupaciones ilegales es de entidad mayor y su solución, multifactorial. Se va a transformar, así, en un enorme desafío para el próximo gobierno, porque enfrentarlo combina desde acciones policiales hasta una renovación de las políticas habitacionales. Es clave, en primer lugar, revertir el aumento de las tomas. Ello supone, por un lado, actuar prontamente para impedir que ocurran nuevas y, por otro, desocupar las que existen o buscar soluciones alternativas que permitan su formalización. Por cierto, esto es más complejo en aquellos lugares donde está instalado el crimen organizado, pero el Estado —en particular, la Fiscalía Nacional con el apoyo de las policías— ha desarrollado una cierta capacidad, aún insuficiente, para enfrentarlo. Esta debe consolidarse con el apoyo de la futura administración. No hay que descartar que quienes participen en tomas ilegales puedan ser excluidos de algunos beneficios sociales.

Una parte del crecimiento de las tomas, sobre todo en el norte del país, se explica por la migración irregular. Detener los flujos ilegales de personas no es una tarea fácil, pero hay un grado importante de acuerdo, y un fuerte apoyo ciudadano, para avanzar en esa dirección. No son pocos los países que, en distintas latitudes y respetando los derechos humanos, han logrado asegurar un proceso migratorio ordenado y controlado.

Es importante, además, renovar la gestión de los distintos programas habitacionales y buscar sinergias entre ellos que permitan tener ganancias en eficiencia, las que, por una parte, agilicen la materialización de los beneficios y, por otra, permitan soluciones más integrales, que ahorren costos o eventualmente permitan reciclar barrios completos que han quedado superados por el desarrollo del país o por las nuevas aproximaciones de la política de vivienda. La percepción, entre muchos expertos, es que con una mirada más comprehensiva se puede innovar en políticas de vivienda para producir soluciones más efectivas en plazos más breves. Por cierto, ello pasa también por repensar las políticas urbanas y, en general, de desarrollo de las ciudades. Así, podría lograrse hacer converger más rápido la demanda por viviendas con una oferta más flexible y dinámica. Este debiera también ser un gran objetivo para la próxima administración.